Juez ordena suspensión provisional del reintegro de Silvia Gette como rectora universitaria
En un giro judicial significativo, el juez Benjamin Jaimes Pérez, del Consejo Superior de la Judicatura seccional del Atlántico, profirió este martes 14 de abril una sentencia que suspende de manera temporal los efectos de la decisión que permitía a Silvia Gette Ponce retomar la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
Antecedentes del caso judicial
La controversia se remonta a una decisión del Juzgado Segundo Penal Municipal de Barranquilla el 8 de abril de este año, que había ordenado restablecer los derechos de Gette Ponce para asumir nuevamente la rectoría de la institución educativa. Esta determinación se basó en la posibilidad de que las actas de las reuniones donde se eligió a Ramsés Vargas Lamadrid como rector pudieran haber sido falseadas.
Silvia Gette, quien ejerció como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe entre 2003 y 2012, celebró inicialmente esta decisión judicial. Sin embargo, el Ministerio de Educación presentó una acción de tutela en contra del fallo, argumentando una presunta vulneración de derechos constitucionales y fundamentales al debido proceso.
Fundamentos de la suspensión provisional
En su análisis, el juez Pérez advirtió sobre "la posible configuración de irregularidades relevantes desde el punto de vista constitucional" en la sentencia del 8 de abril. Por esta razón, el magistrado admitió la acción de tutela presentada por el representante del Ministerio de Educación y concedió la medida provisional solicitada.
La decisión judicial ordena específicamente:
- Suspender los efectos de la sentencia del 8 de abril
- Mantener esta suspensión hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela
- O, en su defecto, hasta que se decida el recurso ordinario interpuesto contra dicha providencia
Contexto histórico y consecuencias
Este caso se desarrolla en el marco de una larga disputa institucional por el liderazgo de la Universidad Autónoma del Caribe. La situación adquiere mayor complejidad considerando que en abril de 2022, la Corte Suprema de Justicia había impuesto una pena definitiva de 63 meses de prisión a Gette, aunque este aspecto no fue mencionado en las decisiones judiciales recientes.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación ni Silvia Gette Ponce se han pronunciado públicamente sobre esta última decisión judicial. El caso continúa su curso legal mientras la comunidad universitaria espera una resolución definitiva sobre el liderazgo institucional.
