Fallo judicial ordena cambio inmediato en la dirección de la Universidad Nacional
En un giro significativo para la educación superior colombiana, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido una sentencia que ordena al Consejo Superior Universitario (CSU) permitir que José Ismael Peña ejerza el cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia. El tribunal estableció un plazo perentorio de 48 horas para que se concrete esta disposición judicial, marcando un nuevo capítulo en el prolongado proceso de designación rectoral para el periodo 2024-2027.
Posición del sindicato docente frente al fallo
El Sindicato de Empleados Públicos Docentes de la Universidad Nacional, conocido como Atenea, reaccionó inmediatamente al fallo mediante un comunicado oficial. La organización sindical hizo un llamado enfático a toda la comunidad universitaria para que respete esta decisión judicial, la cual revoca una sentencia de primera instancia y otorga amparo a los derechos fundamentales de Peña.
"En una democracia que se precia de ser respetuosa de la institucionalidad, los fallos de los jueces se acatan", afirmó el sindicato en su pronunciamiento. Los representantes docentes subrayaron que, como funcionarios públicos, tienen la responsabilidad de enviar el mensaje correcto a la sociedad colombiana: "Si queremos construir una democracia sólida y una sociedad verdaderamente basada en el conocimiento, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales".
Atenea instó específicamente al CSU a actuar con "sensatez institucional", destacando que las decisiones que tome este organismo son cruciales para el adecuado funcionamiento de la Universidad Nacional. El sindicato enfatizó que corresponde al Consejo Superior Universitario mantener la estabilidad de las funciones misionales de la institución y alentó el inicio inmediato del proceso de empalme con el profesor Peña y su equipo directivo.
Contexto histórico de la controversia rectoral
Esta sentencia representa el capítulo más reciente en un complejo proceso que comenzó a agitarse en marzo de 2024, cuando el CSU designó inicialmente a José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Desde entonces, se han sucedido múltiples desarrollos jurídicos y administrativos que han mantenido en vilo a la comunidad universitaria.
Entre los hitos más significativos de esta prolongada controversia se encuentran:
- En septiembre de 2025, el Consejo de Estado decidió no anular la elección del profesor Peña como rector, aunque aclaró que este fallo no implicaba su retorno automático al cargo.
- Poco más de dos meses después, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, que había designado a Leopoldo Múnera Ruiz como rector.
- Posteriormente, Múnera se apartó voluntariamente del cargo, abriendo un nuevo escenario para la resolución del conflicto.
Basándose en la sentencia del Consejo de Estado de septiembre, Peña argumentó que, dado que su acto de designación no había sido anulado, persistía su derecho legítimo a ejercer la rectoría. Esta postura lo llevó a presentar una acción de tutela que, en primera instancia, fue negada por las autoridades judiciales.
Fundamentos jurídicos del fallo actual
La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá finalmente acogió los argumentos de Peña, amparando sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a funciones y cargos públicos. Este fallo representa un respaldo significativo a la posición jurídica del profesor y establece un precedente importante para la autonomía universitaria.
El sindicato Atenea aprovechó su comunicado para recordar a los docentes sus responsabilidades en este contexto: "Tenemos no solamente deberes de formación en lo estrictamente curricular, sino en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes". La organización subrayó que la obligación primordial de los profesores es cumplir con sus funciones académicas, independientemente de las controversias administrativas.
Además, Atenea advirtió sobre las implicaciones jurídicas del fallo: "No sobra recordar que el fallo implica que, aunque seguirá existiendo la presunción de legalidad de los nombramientos actuales, no es menos cierto que fueron realizados en el marco de falta de legitimidad y eventualmente las acciones que adelanten en sus respectivos cargos podrán estar viciadas y tener efectos jurídicos adversos".
Perspectivas para el futuro inmediato
El sindicato destacó positivamente que las controversias en la dirección de la Universidad Nacional han sido resueltas a través de los mecanismos democráticos establecidos, específicamente mediante la intervención de operadores judiciales. "Debemos seguir la ruta indicada para que la Autonomía Universitaria siga siendo nuestra bandera principal", concluyó el comunicado de Atenea, enfatizando la importancia de preservar este principio fundamental de la educación superior colombiana.
Con el plazo de 48 horas establecido por el tribunal ahora en marcha, la comunidad universitaria y el sector educativo nacional esperan atentamente las próximas acciones del Consejo Superior Universitario y el desarrollo del proceso de transición hacia el nuevo liderazgo rectoral. Este fallo no solo resuelve una controversia específica, sino que también establece importantes precedentes sobre el respeto a las decisiones judiciales dentro de las instituciones de educación superior colombianas.
