Choque institucional en Unimetro: universidad desmiente compulsa de copias y amenaza con acciones legales
La Universidad Metropolitana de Barranquilla (Unimetro) se encuentra en medio de una controversia institucional que ha escalado significativamente tras la publicación de un comunicado oficial del Consejo Directivo. En dicho documento, la institución educativa rechaza de manera categórica las denuncias difundidas el pasado 17 de marzo por la Fundación Acosta Bendek (FAB), las cuales señalaban presuntas irregularidades administrativas y un desfalco superior a los 40.000 millones de pesos.
Versión oficial de la universidad: traslado, no compulsa
Según la posición oficial de Unimetro, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no compulsó copias penales por iniciativa propia contra los directivos universitarios. En cambio, la institución sostiene que el Ministerio simplemente dio traslado a la Fiscalía General de la Nación de una petición radicada previamente por la Fundación Acosta Bendek.
El comunicado universitario cita textualmente la respuesta del MEN, la cual especifica que la actuación se originó "en atención a la petición elevada por la Fundación Acosta Bendek", y aclara que este procedimiento no implica la apertura de investigación administrativa, disciplinaria o penal por parte del Ministerio de Educación.
La universidad argumenta que la Fundación no presentó documentos concretos que mencionaran hechos de corrupción, desfalco o saqueo, limitándose sus comunicaciones a "cuestionamientos vagos" sobre actas emitidas por el Consejo Directivo. Además, el Consejo acusa a la FAB de haber inducido a error a la prensa y solicita a los medios de comunicación realizar las aclaraciones correspondientes.
Acciones legales contra Ivonne Acosta Acero
En un giro significativo, la Universidad Metropolitana anunció que iniciará acciones legales contra Ivonne Acosta Acero, a quien identifica como presidenta de la Fundación Acosta Bendek. En su comunicado, la institución califica a Acosta Acero como "prófuga de la justicia" y la responsabiliza de un saqueo anterior a la universidad, aunque estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades judiciales competentes.
El Consejo Directivo sostiene que la información difundida por la Fundación forma parte de "una estrategia para generar confusión y deslegitimar la gestión universitaria", y reitera su compromiso con la transparencia en la administración de los recursos institucionales.
La versión de la Fundación Acosta Bendek
Por otro lado, la Fundación Acosta Bendek mantiene su postura inicial, informando que el Ministerio de Educación remitió a la Fiscalía General copias para investigar a la actual cúpula directiva de Unimetro por posibles delitos asociados a:
- Corrupción administrativa
- Manejo indebido del gobierno universitario
- Presunto desfalco superior a 40.000 millones de pesos
La Fundación señaló como posibles investigados a miembros del Consejo Directivo y al rector en ejercicio, añadiendo que existían indicios de "violencia sistémica de género" en el marco de estas actuaciones. Además, la FAB vinculó este caso con antecedentes judiciales previos, incluyendo la imputación en contumacia hecha por la Fiscalía el 29 de enero contra Luis Fernando Acosta Osio, presidente del Consejo Directivo, por presuntos delitos de tráfico de influencias y tentativa de soborno.
Según documentos referidos por la Fundación, los hechos investigados incluirían:
- Intentos de influir en resoluciones del Ministerio de Educación entre 2016 y 2017 mediante la intervención de un senador posteriormente condenado
- Un ofrecimiento de 200 millones de pesos a un juez para modificar una decisión judicial clave sobre el gobierno universitario
Decisión pendiente de la Fiscalía
Con la coexistencia de dos versiones completamente opuestas, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar si los señalamientos consignados en la petición de la Fundación Acosta Bendek constituyen conductas penalmente relevantes o si, por el contrario, no existen méritos suficientes para avanzar en una indagación formal.
Mientras tanto, la comunidad académica permanece en tensión. Este choque de comunicados revive viejas fracturas internas y deja al descubierto un conflicto institucional que mezcla disputas por el control universitario, procesos judiciales en curso, cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades y un ambiente de creciente desconfianza entre los distintos actores involucrados.
La Fiscalía deberá definir los próximos pasos del proceso, mientras tanto, tanto la universidad como la Fundación mantienen sus posturas firmes, a la espera de que las autoridades determinen —con documentos y decisiones oficiales— cuál de las dos versiones corresponde realmente a los hechos investigados.
