ONG alertan sobre los riesgos del Pacto Europeo de Migración y Asilo
Madrid, 11 jun (EFE).- Algunas de las principales organizaciones no gubernamentales que acompañan a migrantes y refugiados en España han expresado su temor de que la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor mañana, ponga en riesgo el análisis individualizado de las solicitudes de asilo y aumente el riesgo de detención y restricciones a la movilidad.
Entidades como Amnistía Internacional, Cáritas y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han manifestado su preocupación a través de un comunicado conjunto. Consideran que el nuevo paquete normativo amplía los supuestos en los que las solicitudes de protección internacional podrán examinarse mediante procedimientos especiales menos garantistas y con plazos reducidos.
Procedimientos acelerados y centros de detención
Para estas organizaciones, el sistema favorece el uso de centros cerrados o de detención, incluso para menores y personas en situación de vulnerabilidad. La normativa busca acelerar y aumentar las expulsiones mediante un procedimiento único de asilo y retorno, lo que puede poner en riesgo el examen de otras formas de protección o residencia y afectar a los derechos fundamentales y al principio de no devolución.
Protección de la infancia y asistencia legal
Las entidades firmantes, entre las que se incluyen Red Acoge, Oxfam Intermón y el Servicio Jesuita a Migrantes, advierten que la aplicación del pacto puede ir en contra del interés superior de la infancia. Por ello, exigen evaluar individualmente el interés superior de cada niño y adolescente, garantizando que sean escuchados y puedan participar en el procedimiento.
En cuanto al proceso de triaje en el control en frontera, han reclamado asistencia letrada gratuita y especializada durante todo el procedimiento, interpretación de calidad desde el registro de solicitud, personal médico cualificado, limitación de la toma de datos biométricos de menores de 14 años a supuestos solo necesarios y sin coerción, y una reglamentación clara sobre los lugares donde se realice.
Llamado al Gobierno: enfoque de derechos humanos
Las ONG han pedido al Gobierno que prevalezca un enfoque de derechos humanos en todo el proceso, ya que estas normativas "debilitan gravemente" garantías ya consolidadas como el derecho al asilo, la protección frente a las devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección del derecho a la salud.
Denuncian que, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, no han recibido información precisa sobre las medidas concretas que se implementarán cuando el pacto entre en vigor mañana.
Exigen transparencia y recursos
Ante esta incertidumbre, las entidades exigen al Gobierno transparencia y acceso a las herramientas de implementación, como protocolos, instrucciones o reformas legislativas. Solicitan aplicar las normas "de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos" y en pleno cumplimiento con el marco jurídico español y los compromisos internacionales.
Además, subrayan que es imprescindible garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del mecanismo de monitoreo de los derechos humanos que asumirá el Defensor del Pueblo, asegurar la participación de la sociedad civil y permitir investigar y proponer sanciones en caso de violaciones de derechos humanos.
