España modifica residencia temporal para venezolanos
MADRID, 28/09/2024. Cientos de venezolanos participaron este sábado en una protesta contra el gobierno de Maduro en Madrid, en una jornada internacional bajo el lema "Por la Libertad en Venezuela". Sin embargo, la noticia más relevante para la comunidad venezolana en España es el cambio en la política migratoria.
España dejará de reconocer y renovar los estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional a partir del viernes 12 de junio, debido a la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Más de 240.000 venezolanos se han beneficiado de este mecanismo especial desde 2018.
Para aquellos que actualmente poseen una residencia temporal de estas características, el Ministerio del Interior español estipula que deberían haber solicitado "otras autorizaciones de residencia y trabajo", ya que no se podrá renovar ni solicitar reagrupación familiar.
Venezolanos entre los principales migrantes en España
Los venezolanos figuran entre las nacionalidades que lideran las llegadas a España, junto a colombianos y marroquíes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) español. Este flujo migratorio se verá afectado por las nuevas disposiciones.
España aplicará desde el viernes 12 de junio el pacto europeo y establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, para los migrantes que llegan en embarcaciones precarias a las costas españolas o sean interceptados en intentos de entrada irregular.
Procedimiento en frontera y garantías
Hasta que se resuelva la petición de protección internacional, el solicitante no podrá recibir autorización de entrada al territorio y deberá permanecer en instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad. La denegación de la solicitud de asilo conllevará el retorno y la denegación de entrada o devolución.
El Gobierno español asegura haber optado por "un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes", que tendrán garantías como asistencia jurídica, intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.
Se introduce además un nuevo procedimiento de examen acelerado para personas procedentes de países con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea.
