El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado este jueves su firme oposición al acuerdo alcanzado esta semana por la Unión Europea para endurecer la política de retornos y consolidar la creación de centros de deportación en terceros países para migrantes irregulares llegados a suelo comunitario. Según Marlaska, el acuerdo incluye disposiciones desproporcionadas que chocan con los valores y principios de la Unión.
Críticas a las medidas del reglamento
En declaraciones a la prensa durante su llegada a una reunión de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, Marlaska afirmó: “Hay medidas de ese reglamento que pueden conculcar los principios de la Unión Europea, valores de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, así como legislación internacional”. El ministro se refiere específicamente a la base legal que permite la creación de centros de deportación en terceros países, externalizando la gestión de expulsiones de migrantes que no han obtenido asilo, siguiendo el modelo de Italia con Albania, que bajo las reglas actuales de la UE sería ilegal.
Posición de España
España ya se había opuesto a este enfoque durante la negociación de la reforma con el Parlamento Europeo. Marlaska subrayó que España “no acepta la redacción” del reglamento de retorno. Aunque el acuerdo necesita el visto bueno formal de los Veintisiete, el Gobierno español no podrá frenar su tramitación, ya que no requiere unanimidad.
Detalles del nuevo reglamento
El nuevo reglamento crea el encaje legal necesario para que los gobiernos negocien con terceros países la instalación de centros de deportación, a donde serían trasladados migrantes con denegación de asilo mientras esperan su expulsión. Estos acuerdos, actualmente incompatibles con el Derecho de la UE, podrían ser pactados por uno o varios países, o incluso por la propia UE, siempre que cumplan con los Derechos Humanos, el Derecho internacional y el principio de non-refoulement (no devolución en caliente).
Preocupaciones del Gobierno español
El Gobierno español considera que el reglamento podría vulnerar “no solo los valores de la Unión Europea, sino también la legislación internacional, como por ejemplo un principio esencial y básico de la protección internacional, como es la no devolución sin justificación alguna y poniendo en riesgo a las personas”. Además, preocupa que los centros puedan crearse mediante “convenios no vinculantes” y que puedan albergar a familias con menores o personas sin conexión con esos terceros países.
Aumento del plazo de detención
Otra clave de la norma que preocupa a España es el aumento del plazo de detención hasta 24 meses, con posibilidad de prórroga de seis meses más, para personas a las que se deniega la protección internacional. Marlaska calificó esta medida de “absolutamente desproporcionada” y “muy difícil de colegir en los valores de la Unión Europea, también internos españoles, porque puede conllevar que una persona en esa situación de solicitud de protección internacional se vea abocada mientras la tramitación del retorno a una privación de libertad superior a la que sería si se le imputara un delito, incluso un delito grave”.
Falta de una orden europea de retorno
España también critica que el reglamento no reconozca una orden europea de retorno “obligatoria”, lo que, en opinión del Gobierno, supone “faltar a la debida confianza” entre Estados miembro y “se huye de una política migratoria común”.
