Colombia enfrenta un ajuste fiscal ineludible
La premisa de esta columna es clara: Colombia debe realizar un fuerte ajuste fiscal de forma voluntaria; de lo contrario, será impuesto desde afuera a un costo significativamente más alto, como ocurrió en Grecia tras la crisis de 2008. Un ajuste que habría costado unos dos puntos del PIB terminó costando tres o cuatro veces más, con graves consecuencias sociales.
El tamaño del ajuste colombiano se calcula de manera simple: dada la tasa de interés real que enfrenta el Gobierno (alrededor de 7%) y la tasa de crecimiento de largo plazo (alrededor de 3%), la deuda se estabilizaría en 50% a 60% del PIB si se logra un superávit primario de aproximadamente 2% del PIB. Sin embargo, para 2026 se proyecta un déficit primario de 2%, por lo que el ajuste necesario es de unos cuatro puntos del PIB (unos $80 billones), sin incluir deudas por fuera del registro contable en salud, infraestructura y defensa nacional.
Tres carriles para el ajuste del gasto público
Para lograr el ajuste, es necesario tomar decisiones en el frente del gasto público, clasificables en tres carriles diferentes:
En el primer carril, se debe diseñar y ejecutar un plan de dos años con monitoría internacional trimestral para reducir un 20% en los tres principales rubros del gasto flexible: nómina ($66,8 billones en el presupuesto de 2026), compras de bienes y servicios ($18,9 billones) e inversión ($88 billones).
En el segundo carril, que implica iniciativas legislativas, se deben racionalizar los subsidios (servicios públicos, combustibles y flujos asistenciales), que representan unos $30 billones adicionales, adecuando sus desembolsos a la realidad fiscal de mediano plazo y a la situación económica real de sus beneficiarios. Además, se debe definir un monto total para 2027 y una regla que ate las anualidades presupuestales futuras al crecimiento potencial (3%) y a la inflación de largo plazo (3%). También se debe garantizar que la reforma del Sistema General de Participaciones sea fiscalmente sostenible.
En el tercer carril, se debe abordar el valor presente neto de las obligaciones pensionales, una deuda enorme del Gobierno que está fuera de los libros contables y que probablemente requiere una reforma constitucional.
Impacto de la reforma pensional en la deuda no registrada
La situación era difícil en 2022, pero la reforma implementada en el gobierno actual elevó de manera importante el valor de la deuda pública no registrada. Según tres entidades independientes (Fedesarrollo, Carf y Anif), este incremento fue de no menos de 20% del PIB y posiblemente alrededor de 40%.
Recursos para compensar y limpiar deuda
Efectuar ajustes de esta magnitud requiere recursos para compensar a los grupos de interés que capturan las rentas iniciales, como se hizo en procesos exitosos como el de Irlanda. Los recursos podrían provenir de la liquidación de activos, por ejemplo, un paquete grande de acciones de empresas como Ecopetrol, cuyo valor de mercado al finalizar junio de 2026 es de unos US$29.000 millones.
El círculo virtuoso de la confianza
A medida que se avance en un proceso armónico en los tres carriles, se espera que se inicie un círculo virtuoso. Al cumplir el plan de ajuste trimestre tras trimestre, la confianza retornará, aumentando la inversión y elevando el precio de los activos colombianos. Aunque el costo de corto plazo es alto, mucho más alto sería no hacerlo y ser testigos pasivos de un proceso doloroso en el que el ajuste sea impuesto desde los mercados, como le pasó a Grecia, sin plazos de dos años ni mecanismos de compensación.
