Cambio Radical le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República la conformación de equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La iniciativa busca supervisar el uso de los recursos públicos durante el periodo de transición hacia el nuevo gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto.
Solicitud formal de Cambio Radical
En una carta dirigida a los organismos de control, el partido político señaló que "con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismos de control del Estado ejerzan una vigilancia estricta y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial".
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya se encuentra conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical se pide que la Procuraduría y la Contraloría monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante.
Críticas a la gestión actual
La misiva también incluye duras críticas al gobierno saliente: "El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", afirma el partido.
La solicitud de Cambio Radical se da en un contexto de alta preocupación por posibles contrataciones apresuradas o irregulares en los meses previos al cambio de gobierno. La transición presidencial es un periodo crítico donde se suelen cerrar contratos que pueden comprometer el presupuesto de la nueva administración.
Impacto en la transición
De aceptarse la petición, los equipos de vigilancia trabajarían en todas las entidades del orden nacional y territorial para garantizar transparencia. Esto incluiría la revisión de procesos contractuales en curso y la prevención de nuevos contratos que no cumplan con los requisitos legales o que pongan en riesgo la estabilidad fiscal.
La iniciativa ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores la ven como una medida necesaria para evitar la corrupción, otros consideran que podría retrasar procesos administrativos esenciales. Sin embargo, Cambio Radical insiste en que la prioridad es proteger los recursos públicos y asegurar una transición ordenada.
La Procuraduría y la Contraloría aún no se han pronunciado oficialmente sobre la solicitud. Se espera que en los próximos días emitan una respuesta, mientras el equipo de empalme del presidente electo continúa con los preparativos para asumir el poder el 7 de agosto.
