En la nueva versión de su programa de gobierno, conocida este viernes a nueve días de las elecciones presidenciales, el candidato Iván Cepeda agrupó sus propuestas de paz bajo el concepto de “paz integral”. El proyecto recoge elementos del primer plan de gobierno dado a conocer hace semanas, pero los desarrolla de forma más articulada. Aunque mantiene la búsqueda de acuerdos y negociaciones con distintos grupos armados, no utiliza el término “paz total”, con el que el gobierno de Gustavo Petro ha identificado esa apuesta, objeto de críticas desde 2022.
Ejes de la estrategia de paz
Según el programa, denominado “Tres revoluciones para hacer de bases programáticas de gobierno Iván Cepeda Castro”, la estrategia de paz se articulará en tres ejes: la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, la negociación con grupos armados mediante “diálogos de paz eficaces” y medidas para garantizar verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas del conflicto.
Diálogos de paz no serán “indefinidos”
Las negociaciones de paz han sido un punto de diferencia entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, quien ha reiterado que “con los criminales no habrá negociación”. Cepeda defiende que Colombia no puede renunciar a la salida negociada. “Nuestra apuesta por la paz no es una concesión ni una estrategia circunstancial: no renunciamos a nuestro derecho ni a nuestro deber de buscarla, porque es un mandato constitucional”, señala el programa. Los diálogos estarán “orientados a resultados concretos, verificables y medibles, que conduzcan al fin real de la violencia”, y no serán “ejercicios retóricos ni procesos indefinidos”.
El documento establece como “línea roja innegociable” el respeto a la población civil, la niñez, los liderazgos sociales, los defensores de derechos humanos y los firmantes de paz. “No permitiremos que el diálogo sea utilizado como una estrategia para el fortalecimiento militar o económico de las organizaciones armadas; la paz se construye con hechos verificables, no con promesas vacías”, agrega. La primera señal de voluntad deberá ser “el cese de la violencia contra líderes y lideresas en los territorios”.
Implementación del Acuerdo de Paz de 2016
El Acuerdo de Paz sigue siendo un punto polarizante. Los resultados de la primera vuelta mostraron un mapa similar al del plebiscito de 2016. Cepeda obtuvo mejores resultados en departamentos afectados por el conflicto, mientras De la Espriella se impuso en centros urbanos donde el rechazo al Acuerdo fue significativo.
Para Cepeda, lo firmado con las antiguas FARC es “un deber con el pueblo colombiano, una obligación constitucional y un compromiso internacional”. Promete que su Plan Nacional de Desarrollo garantizará financiación suficiente para su implementación durante cuatro años. Reconoce avances durante la administración de Petro, pero señala rezagos en participación política, derechos de las víctimas y capítulo étnico.
Propone un “plan de reimpulso” que movilice al Estado, articule a la comunidad internacional y fortalezca los territorios. Reitera ampliar por cuatro años el tiempo de implementación del Acuerdo y usar el Plan Marco de Implementación actualizado como hoja de ruta. Priorizará los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los 170 municipios más afectados por la guerra y garantizará recursos para proyectos estratégicos.
Reparación de víctimas
El programa señala que el Acuerdo de Paz “situó a las víctimas en el centro, y ese será también el corazón de nuestra acción de gobierno”. Plantea acelerar la implementación de este punto y fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Propone impulsar los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador (TOAR) como herramienta de reparación y reconciliación. También profundizar la apropiación social del informe de la Comisión de la Verdad y convertir sus recomendaciones en guía transversal de políticas públicas.
Cepeda asegura que hará de la reparación integral “una prioridad central”, reconociendo a las más de 10 millones de víctimas como sujetos políticos. Anuncia que eliminará “toda forma de corrupción en la política de víctimas” y será “implacable contra quienes roben o manipulen los recursos destinados a su reparación”.
Fortalecerá la búsqueda de personas desaparecidas, desarrollará la ley de mujeres buscadoras y acelerará la identificación y entrega digna de cuerpos. “Cada familia tiene derecho a saber la verdad”, señala. Además, plantea consolidar una política de memoria como política de Estado, presentar al Congreso la ley del Sistema Nacional de Memoria, fortalecer la Red Nacional de Centros de Memoria y materializar el Museo de la Memoria.
