Un análisis empírico basado en datos de desarrollo económico de los últimos 60 años, extraídos de más de 180 países y 1.600 indicadores del World Development Indicators (WDI) del Banco Mundial, revela que el respeto por las instituciones y el cumplimiento de la ley son factores críticos para el desarrollo. Cuando estos se debilitan, se deterioran los incentivos para la inversión, aumentan los incentivos a la migración y se limita la innovación y la acumulación productiva. En tales condiciones, el desarrollo no logra consolidarse.
El impacto del debilitamiento institucional en la economía
El actual gobierno ha sido un ejemplo delicado de los efectos del debilitamiento institucional. La formación bruta de capital cayó a niveles históricamente bajos. Las amenazas de intervención en precios y regulación del sistema eléctrico afectaron la confianza inversionista, dejando al país expuesto a riesgos energéticos y financieros. La intervención de Air-e incrementó la preocupación sobre la estabilidad del suministro eléctrico en el norte del Caribe.
La intervención del sistema de salud agravó los desequilibrios financieros asociados a la UPC y generó alta incertidumbre en las EPS que atienden a millones de colombianos. Sectores como minería, hidrocarburos, agro y construcción sufrieron parálisis debido a decisiones regulatorias, ambientales y territoriales percibidas como arbitrarias.
Corrupción y deterioro democrático
Otro indicador relevante para el desarrollo es la lucha contra la corrupción. En países con bajo control de la corrupción, suelen observarse menores niveles de crecimiento, mayores inequidades y una relación más distorsionada entre el Estado y la sociedad. La corrupción prospera en entornos con exceso de discrecionalidad regulatoria, alta carga tributaria mal administrada, estructuras asistencialistas y esquemas cerrados de inversión pública.
En este frente, el gobierno ha dejado un balance profundamente preocupante. A los múltiples escándalos de corrupción se suma el nombramiento de personas cuestionadas por malos manejos o vinculadas a procesos judiciales en ministerios y cargos de alta responsabilidad. Se recomienda crear una comisión independiente, incluso internacional, que produzca un libro blanco sobre la corrupción durante este cuatrienio.
Desde la campaña presidencial de Gustavo Petro —sancionada y cuestionada por presuntas irregularidades en su financiación— hasta los PetroVideos, los Pactos de La Picota y las recientes revelaciones sobre contactos con el Clan del Golfo, sumados a los acercamientos con el ELN y las disidencias de las Farc, se configura un panorama de grave deterioro democrático. Además, el uso de emergencias económicas, el decreto del salario mínimo y la expansión de la contratación estatal en contextos electorales agravan la situación.
El reto del nuevo gobierno
El primer reto del nuevo gobierno será recuperar la confianza en las instituciones y reactivar una lucha creíble contra la corrupción. Esto solo será verificable si quienes incumplieron la ley enfrentan consecuencias judiciales y si se promueven reformas que fortalezcan la independencia de los poderes públicos, los órganos de control, la transparencia electoral y los mecanismos de rendición de cuentas.
