El gobierno de Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato, convirtiéndose en el primero de izquierda en llegar a la Casa de Nariño en 2022. El balance de su gestión presenta diferentes matices según el sector analizado. Aunque el país logró una tendencia descendente en desempleo y pobreza monetaria, y se impulsaron reformas laborales, el gobierno de Petro deja un país más endeudado, con mayor gasto público y un sistema de salud en el limbo tras los fallidos intentos de reforma.
Finanzas públicas
En los últimos tres años, el déficit primario del Gobierno Nacional Central se multiplicó por veinte entre 2023 y 2026. Mientras que en 2023 cerró en 3,2 billones de pesos (0,3% del PIB), al cierre del año pasado alcanzó los 63 billones de pesos, equivalentes al 3,4% del PIB. El gobierno realizó un ajuste en su previsión del déficit fiscal para este año. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2026, presentado el 12 de junio, el Ministerio de Hacienda señaló que el déficit entre ingresos y gastos ya no sería del 5,1% del PIB, como se estimó en el Plan Financiero de 2026, sino del 5,3%.
Este ajuste no se debe a una expectativa de menores ingresos (de hecho, se espera que los ingresos tributarios sean 2,9 billones de pesos más altos que lo previsto en marzo, alcanzando 292,4 billones), sino a un incremento del gasto total en 7,3 billones de pesos, hasta los 431 billones, frente a la previsión del Plan Financiero.
Los analistas han centrado su atención en la revisión del gasto público ante el agravamiento del déficit fiscal. Sin embargo, el gobierno se mostró renuente a estos ajustes, argumentando que hasta el 90% de los gastos eran inflexibles, como transferencias y el sistema pensional. Anif propuso un ajuste fiscal mínimo de tres puntos del PIB, que incluye la revisión de los gastos de funcionamiento (ajustes en puestos creados en la Rama Judicial, Fiscalía y organismos autónomos, y en la estructura del Estado) que ahorraría 14 billones de pesos. También sugirió revisar los gastos de inversión (control de la evasión del régimen subsidiado de salud, reducción del 45% de las OPS creadas entre 2022 y 2026) que generaría un ahorro de 27 billones de pesos, y modificar los gastos tributarios (impuesto del 10% a pensiones superiores a 5 salarios mínimos, IVA a juegos de azar y reducción del 50% en rentas exentas especiales).
Sistema de salud
Aunque el gobierno presentó proyectos de reforma a la salud, no logró el apoyo de las mayorías en el Congreso y fueron hundidos. Mientras tanto, el número de tutelas presentadas para la protección del derecho a la salud creció un 17,9% entre el segundo y tercer año de mandato, pasando de 265.000 en 2024 a 312.500 en 2025. Durante este periodo, se iniciaron procesos de intervención a EPS como Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud, Savia Salud, SOS (Servicios Occidentales de Salud) y Emssanar. Ante la crisis financiera de estas empresas, Gustavo Petro sugirió que podrían ser liquidadas; estas EPS prestan servicios a 18 millones de afiliados.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó que, para estabilizar y fortalecer el sistema de salud, el próximo gobierno deberá encontrar recursos adicionales por 22 billones de pesos mediante reformas, reorganización de fuentes, gradualidad fiscal y trazabilidad en el manejo de los recursos. Otras recomendaciones incluyen un Puesto de Mando Unificado Nacional para la salud, con monitoreo diario, un tablero de medicamentos críticos y priorización de pacientes con riesgo vital en un plazo máximo de 72 horas, modelos de riesgo compartido, y la restitución condicionada de las EPS intervenidas cuando exista viabilidad real, o su liquidación ordenada en caso contrario.
Seguridad
Durante los cuatro años del gobierno Petro, la situación de seguridad no mostró mejoras si se analiza el número de homicidios por año. El trienio 2022-2025 superó en homicidios a los gobiernos de Iván Duque y al segundo periodo de Juan Manuel Santos; 2025 fue el año más violento de la década. En el gobierno de Santos II se registraron 36.646 homicidios, en el de Duque 37.795, y en el trienio de Petro 40.663; solo en 2025 hubo 14.780 homicidios.
Durante el mandato de Gustavo Petro, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas debido a la falta de resultados en erradicación y combate al narcotráfico. Aunque la descertificación será revisada nuevamente en septiembre, el gobierno deberá demostrar avances en la erradicación de cultivos ilícitos. El compromiso del gobierno, según la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, es erradicar 30.000 hectáreas hasta el 7 de agosto utilizando todos los medios disponibles. La mejora en las relaciones entre Donald Trump y Gustavo Petro tras la visita a Washington permitió fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico y abre la puerta para que el gobierno entrante consolide las relaciones con la Casa Blanca. En materia de detenciones y extradiciones, el gobierno reporta 17.000 arrestos relacionados con el narcotráfico, 14.000 objetivos neutralizados, 300 extradiciones concretadas, la incautación de 3.200 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos y la destrucción de 19.000 laboratorios.
Tamaño del Estado
El tamaño del Estado es uno de los puntos críticos en la situación fiscal del país. El valor de la nómina estatal creció en 22,7 billones de pesos entre 2022 y 2025, pasando de 168,1 billones a 190,8 billones. En el mismo periodo, se registraron 130.000 nuevas vinculaciones en puestos del Estado, que, según cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le costaron 3,7 millones de pesos a cada colombiano. Esta situación se refleja en el crecimiento de los contratos de prestación de servicios (OPS) entre el tercer año del gobierno de Iván Duque y el segundo de Gustavo Petro, que pasaron de 45.000 a 64.000.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que "las presiones fiscales recientes no responden únicamente a expansiones de planta, sino también al incremento de salarios, prestaciones, contribuciones patronales y demás costos asociados a la nómina pública. Por ejemplo, la subida del salario mínimo para 2026 incrementó en 1,3 billones de pesos el gasto de personal, y la mayor parte de ese incremento lo concentraron el sector Defensa y Policía (el impacto fiscal total de esta medida asciende a 6 billones de pesos)".
