El llamado del senador Iván Cepeda a una "desobediencia civil pacífica" contra el presidente electo Abelardo de la Espriella ha generado profundas divisiones en la izquierda colombiana. La propuesta, realizada tras la victoria de De la Espriella el 21 de junio, busca impedir su posesión si no renuncia a su nacionalidad estadounidense y aclara su posible vínculo con agencias de inteligencia de EE. UU.
La declaración de Cepeda y sus fundamentos
En una entrevista con María Jimena Duzán, Cepeda afirmó: "Si el señor va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, yo y mucha gente de mi espectro político diremos que ese señor no nos representa y no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes". El senador argumenta que la doble nacionalidad de De la Espriella pone en duda su capacidad para defender la soberanía colombiana.
Sin embargo, la figura de "desobediencia civil" solo existe en Colombia en dos sentencias de la Corte Constitucional, que la definen como una forma de protesta que acepta los principios constitucionales sin pretender subvertirlos.
Reacciones desde el gobierno electo y la izquierda
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó la posición de Cepeda como "absolutamente vergonzosa" y "no representa a un demócrata". El próximo ministro del Interior, Rodrigo Lara, también instó a respetar el proceso democrático.
Dentro del propio Pacto Histórico, figuras como el presidente Gustavo Petro, a través de sus ministros Jorge Iván Cuervo y Edwin Palma, manifestaron su desacuerdo. Palma señaló: "Es actuando, no sustrayéndose del debate político, público y democrático". El expresidente Ernesto Samper agregó: "Estos no son tiempos para hablar de empalmes vengativos ni de desobediencias civiles, así sean pacíficas".
Según fuentes del Pacto Histórico citadas por El Espectador, la decisión de Cepeda fue unilateral, sin consultar a la bancada. Aunque algunos congresistas como María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias lo respaldan, otros miembros anónimos señalaron una "falta de entendimiento" sobre el concepto de desobediencia civil, lo que genera confusión tras un proceso electoral aceptado por el mismo Cepeda.
Contexto judicial y administrativo
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el 1 de julio una tutela que buscaba impedir la candidatura de De la Espriella por su doble nacionalidad. El Consejo Nacional Electoral, en ponencia de la magistrada Maritza Martínez, concluyó que "la adquisición de una ciudadanía extranjera no comporta, por sí sola, la pérdida de la nacionalidad colombiana ni la configuración automática de una inhabilidad".
Martínez advirtió que restringir derechos políticos por vía interpretativa sería improcedente, ya que el CNE es una autoridad administrativa, no judicial.
Impacto y próximos pasos
El editorial de El Espectador señaló que "la decisión de no reconocer al próximo presidente y de pedir que se desobedezcan las órdenes del ejecutivo implicaría, de llevarse a cabo, paralizar el país", y recordó que la desobediencia civil está pensada para "momentos extremos de abusos claros al orden constitucional, no para dar golpes de opinión cuando un gobierno ni siquiera ha comenzado".
El jurista Rodrigo Uprimny coincidió en que el llamado "tensiona aún más un contexto político muy difícil". Mientras tanto, el Pacto Histórico se prepara para una reunión de su dirección provisional donde se definirán los pasos hacia la oposición y el primer congreso de la colectividad.
El senador Cepeda insiste en que el punto central es que "el candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense", y que no se cuestiona el proceso electoral sino "las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia".
