Una nueva ponencia a cargo del magistrado Miguel Polo Rosero propone salvar casi la totalidad de la emergencia económica que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en abril de 2026. El debate del decreto 'madre', expedido el pasado 11 de febrero, está previsto para el miércoles 24 de junio en la sala plena del alto tribunal.
Contexto de la emergencia económica
La emergencia económica fue declarada por el Gobierno nacional a inicios de 2026 para hacer frente a la crisis ocasionada por las precipitaciones atípicas ocurridas entre enero y febrero de ese año, especialmente en la región Caribe. La normativa buscaba un recaudo de $8 billones, que serían inyectados principalmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para obras de mitigación y prevención.
“La dimensión excepcional del fenómeno evidenció la ineficacia de los instrumentos ordinarios con los que contaba el Ejecutivo para responder a la crisis ocasionada por las precipitaciones atípicas ocurridas entre enero y febrero de 2026”, señala el concepto allegado al expediente de la Corte Constitucional.
Medidas incluidas en la emergencia
Con esa segunda emergencia se proponían 18 medidas adoptadas por el Gobierno, entre las que se encuentran:
- Impuesto al patrimonio para personas jurídicas con capitales superiores a los $10.400 millones. Este gravamen fue uno de los más controvertidos porque también cobijaba a entidades sin ánimo de lucro, como las universidades, frente a las cuales el alto tribunal terminó frenando el cobro.
- Una nueva medida de inversión forzosa para generar mayores recursos con destino al fomento agrícola.
- Ajuste al impuesto ya establecido a los juegos de suerte y azar en línea, junto con el aumento del IVA a los licores.
- Sobretasa al sector eléctrico en Colombia por la generación de energía de dos pagos del 2,5% de las ganancias.
- Creación de una contribución parafiscal para el fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, orientada a financiar actuaciones necesarias para garantizar la continuidad, calidad, cobertura y sostenibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
Reacciones y debate en la Corte
Desde los gremios se alertó e incluso se tildó de 'irresponsable' la medida, porque señalaron que el Gobierno estaba obligando a las empresas a pagar su propia deuda. La nueva ponencia del magistrado Polo Rosero prevé debatir con algunas salvedades en lo relacionado con el riesgo sistémico del mercado mayorista de energía.
La Procuraduría, por su parte, ha solicitado salvar parcialmente la emergencia económica por la ola invernal en Colombia. El debate de este miércoles será clave para definir el futuro de la normativa y su impacto en la economía del país.
