El concurso público del Ministerio del Trabajo y la Universidad de Pamplona para conformar la Junta Nacional y las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez ha generado controversia. Denuncias conocidas por Portafolio señalan posibles vacíos jurídicos y procedimentales que podrían excluir a aspirantes y afectar principios como el mérito, la igualdad y el debido proceso.
Estas juntas emiten dictámenes técnicos sobre pérdida de capacidad laboral, origen de enfermedades y accidentes, invalidez y fechas de estructuración, con efectos directos en pensiones de invalidez y prestaciones económicas.
Cuestionamientos al cronograma del concurso
Uno de los principales reparos es la velocidad del proceso. El periodo de inscripción y cargue de documentos estuvo habilitado solo del 22 al 26 de junio de 2026, sin posibilidad de subsanación posterior. La Universidad de Pamplona publicó resultados preliminares el 6 de julio y las reclamaciones solo se permitieron el 7 y 8 de julio, también sin una segunda instancia para controvertir decisiones, lo que según los denunciantes compromete el derecho de defensa y el debido proceso.
Debate jurídico sobre la base legal
El Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios Públicos (INCOES) presentó un derecho de petición solicitando revocar las actuaciones, alegando que varias disposiciones fueron declaradas inexequibles o anuladas. Sostienen que la integración y designación de las juntas requieren una ley, no reglamentación administrativa.
El Ministerio del Trabajo respondió que sí tiene fundamento jurídico: el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, obliga a un concurso público. Además, el inciso primero del artículo 6 del Decreto 1352 de 2013 sigue vigente y existe una orden judicial para cumplir el procedimiento.
Posibles exclusiones de integrantes actuales
Las denuncias también cuestionan la interpretación que podría excluir a actuales integrantes de las juntas por haber servido dos periodos consecutivos. Los denunciantes argumentan que muchos permanecieron por omisión del Estado al no convocar procesos oportunos, y que la administración estaría convirtiendo su propia omisión en una inhabilidad. Esto podría renovar las juntas sin la experiencia técnica actual, afectando la independencia técnica y la seguridad jurídica del sistema.
Los reclamantes solicitaron revisar las reglas del concurso, advirtiendo que están en juego los derechos de miles de trabajadores y personas con discapacidad en Colombia.
