El Gobierno Nacional amplió hasta el 1 de agosto de 2026 el periodo de transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta con la que el Estado buscará focalizar subsidios, programas y servicios sociales con información más actualizada sobre los hogares.
De acuerdo con la Presidencia, la decisión busca garantizar una transición más ordenada para las entidades públicas que deberán adoptar el nuevo sistema como instrumento de focalización social. El cambio implica que el RUI empezará a operar como herramienta única desde el 1 de agosto de 2026, mientras que el proceso de traslado de beneficiarios desde el Sisbén se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.
El ajuste es relevante para millones de hogares que hoy aparecen clasificados en el Sisbén o reciben subsidios, transferencias, tarifas diferenciales y beneficios asociados a esa información. El Gobierno busca evitar traumatismos durante el cambio de sistema.
Ampliación del plazo para entidades
La ampliación del plazo les dará más tiempo a las entidades para preparar la adopción del Registro Universal de Ingresos. Ese alistamiento incluye ajustes técnicos, revisión de metodologías, análisis de impacto y estrategias de divulgación para los ciudadanos.
El Gobierno quiere que las entidades que administran subsidios, transferencias monetarias, tarifas diferenciales o programas sociales tengan margen suficiente para adaptar sus sistemas antes de usar el RUI como referencia principal.
La fecha clave será el 1 de agosto de 2026. Desde ese día, el RUI empezará a operar como instrumento único de focalización, según el nuevo calendario definido para la transición desde el modelo actual del Sisbén. Sin embargo, el traslado de beneficiarios no terminará ese mismo día. Ese proceso se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.
Qué cambia con el Registro Universal de Ingresos
El RUI está diseñado para transformar la forma en que el Estado identifica a los potenciales beneficiarios de ayudas sociales. La diferencia central está en la fuente de información que se usará para medir las condiciones económicas de los hogares.
Mientras el Sisbén se ha basado principalmente en encuestas y clasificación socioeconómica, el Registro Universal de Ingresos utilizará bases administrativas y cruces de datos oficiales para estimar con mayor precisión los ingresos de las personas y los hogares. Reportes previos sobre la implementación han señalado que el sistema usará información de 47 entidades públicas, entre ellas la Dian, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación.
El nuevo registro también podrá incorporar ingresos laborales y no laborales. Allí entran salarios, honorarios, trabajos independientes, arriendos, pensiones, intereses o cesantías, según la información disponible en las bases administrativas del Estado. Cuando no exista información directa, el sistema podrá hacer estimaciones a partir de registros disponibles. Con ello, el Gobierno busca reducir errores de inclusión y exclusión en la entrega de ayudas sociales.
Esos errores ocurren cuando reciben subsidios personas que no cumplen los criterios o cuando hogares vulnerables quedan por fuera por falta de información actualizada. El RUI apunta a mejorar esa focalización del gasto social.
Subsidios y beneficiarios: qué deben tener en cuenta
La transición ha generado dudas entre quienes actualmente están clasificados en el Sisbén o reciben apoyos vinculados a esa información. El cambio, sin embargo, no significa una eliminación inmediata del sistema actual ni una salida automática de beneficiarios.
La clave está en que el RUI será una herramienta de focalización, pero cada entidad seguirá definiendo las reglas de acceso, permanencia o salida de sus respectivos programas. Es decir, el registro aportará información, pero no reemplaza por sí solo los criterios de cada subsidio.
Por eso, el paso al nuevo sistema dependerá también de cómo cada entidad ajuste sus metodologías y cronogramas. Los programas sociales deberán revisar impactos sobre sus beneficiarios actuales y preparar estrategias de pedagogía para explicar los cambios.
El Gobierno también enfrentará un reto de comunicación. Durante años, la clasificación del Sisbén ha sido la puerta de entrada a subsidios, beneficios educativos, tarifas diferenciales y transferencias para millones de hogares. Cualquier cambio en la forma de medir ingresos puede generar preocupación sobre la continuidad de los apoyos. La ampliación hasta el 1 de agosto busca precisamente dar más margen para resolver dudas, preparar entidades y evitar vacíos en la atención.
En Bogotá, por ejemplo, las autoridades distritales ya habían explicado que la transición contemplaba ajustes metodológicos, análisis de impacto y pedagogía para evitar que el cambio afectara de manera abrupta a los hogares. El mensaje central para los ciudadanos es que el Sisbén no desaparece de un día para otro. Su información seguirá siendo utilizada mientras avanza la transición y mientras las entidades adoptan progresivamente el RUI.
