Seis centros de pensamiento presentan agenda conjunta para el próximo gobierno colombiano
En Colombia existen desafíos urgentes que requieren atención inmediata y otros que demandan soluciones a largo plazo. La mayoría de estos problemas afectan directamente a los ciudadanos y al sector empresarial, generando un impacto generalizado en la economía nacional.
La productividad se ve frenada por trámites burocráticos, la inversión no alcanza el ritmo necesario para impulsar el crecimiento, el sistema energético muestra tensiones preocupantes, el sector salud enfrenta un deterioro financiero significativo y la seguridad vuelve a condicionar el desarrollo económico del país.
Una iniciativa conjunta para el futuro
Con este panorama como telón de fondo, seis reconocidos centros de pensamiento colombianos han presentado una agenda conjunta de propuestas orientadas al próximo gobierno que asumirá entre 2026 y 2030. Las instituciones participantes son:
- ANIF
- Consejo Privado de Competitividad
- Centro Regional de Estudios de Energía (CREE)
- Fundación para el Estado de Derecho (FEDe)
- Así Vamos en Salud
- Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)
Esta iniciativa, denominada Colombia Progresa 26-30, busca incidir en el debate electoral con un paquete de reformas que, según sus autores, pueden comenzar a ejecutarse desde el primer día de la próxima administración.
La regulación como principal obstáculo
El diagnóstico común parte de un mismo cuello de botella: el marco regulatorio excesivamente complejo. Para el Centro Privado de Competitividad, la solución radica en una modernización regulatoria que sea predecible, proporcional y basada en control de riesgos.
Ana Maiguashca, presidenta del CPC, resume la situación: "Colombia es una suma de trabas al final del día". Este impacto es particularmente severo para las pequeñas y medianas empresas, que generan 8 de cada 10 empleos formales en un país donde el 55,4% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
Entre las barreras regulatorias identificadas se encuentran:
- Duplicidad de trámites administrativos
- Acumulación excesiva de normativas
- Ausencia de mecanismos para interoperabilidad de información
Propuestas específicas para la competitividad
El CPC ha planteado ajustes concretos que incluyen:
- Reforma del Estatuto Aduanero hacia un modelo de gestión por riesgo
- Interoperabilidad obligatoria entre sistemas como MUISCA y VUCE
- Automatización de devoluciones de IVA
- Modernización de zonas francas
- Digitalización de trámites inmobiliarios y notariales
El llamado también incluye depurar más de 900 normas sin reglamentación vigente y retomar una Alta Consejería Presidencial para la Competitividad que articule prioridades regulatorias.
Inversión rezagada en una economía consumidora
Desde ANIF, el énfasis está en la estructura del crecimiento económico. Tras la pandemia, mientras el consumo de los hogares aumentó 25% y el gasto público 16%, la inversión permanece 5% por debajo de los niveles del último trimestre de 2019.
La agenda propone:
- Ampliar el acceso al crédito formal (solo 35,5% de los adultos tiene producto crediticio)
- Ajustes al cálculo del interés bancario corriente
- Impulsar pagos digitales interoperables
- Desmontar gradualmente distorsiones como el 4x1000
Energía en punto de quiebre
El sector energético aparece como uno de los frentes más sensibles hacia 2026. El CREE advierte sobre estrechez en energía firme, declinación de reservas de gas, retrasos en transmisión y deterioro financiero de agentes clave.
Entre las medidas más contundentes está la liberación del precio del diésel para aliviar presión fiscal (aproximadamente COP 8 billones), pagar deudas acumuladas del sector (6 billones) y evitar una crisis de prestación del servicio.
Salud: estabilización urgente
En el sector salud, el diagnóstico es de urgencia financiera inmediata. Patrimonio negativo en aseguradoras, pérdidas operacionales crecientes y deudas acumuladas amenazan la continuidad del servicio.
Así Vamos en Salud propone una estabilización inmediata mediante vigencias futuras, mesas técnicas para priorizar pagos y mayor transparencia sobre recursos disponibles. A mediano plazo, la agenda plantea preservar el modelo de aseguramiento y fortalecer la atención primaria.
Seguridad como condición económica
Para Cerac, la transformación de la violencia configura un ecosistema criminal fragmentado que afecta directamente la inversión y eleva el costo de capital en Colombia.
La agenda incluye fortalecer capacidades bajo restricción fiscal, desmantelar organizaciones criminales con una ley integral anticrimen, modernizar la justicia, reorganizar la Policía y actualizar la política antinarcóticos con enfoque basado en evidencia.
El derecho como eje transversal
La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) articula el componente regulatorio transversal de la agenda. Sostienen que la depuración normativa no debilita al Estado, sino que lo fortalece al eliminar contradicciones y costos desproporcionados.
En conjunto, Colombia Progresa 26-30 representa un marco técnico integral que busca influir en los debates políticos y en quienes aspiren a gobernar el país a partir de 2026, ofreciendo soluciones concretas para los principales desafíos nacionales.
