Supersociedades respalda alertas bancarias sobre uso indebido de insolvencia personal
La Superintendencia de Sociedades ha emitido una alerta contundente sobre el uso indebido del régimen de insolvencia de personas naturales en Colombia, respaldando plenamente las denuncias presentadas por el sector bancario nacional. El superintendente Billy Escobar confirmó que existen coincidencias significativas con las preocupaciones elevadas por las entidades financieras y que ya se están adelantando diálogos institucionales para estructurar una estrategia correctiva.
Dos mundos distintos: insolvencia empresarial versus personal
Escobar hizo una distinción fundamental entre la insolvencia empresarial y la de personas naturales, señalando que las anomalías detectadas se concentran específicamente en este último segmento. Mientras que los procesos empresariales muestran estabilidad con aproximadamente 5.000 casos activos (80% en reorganización), la situación en personas naturales presenta un panorama preocupante con crecimiento exponencial.
"Se diseñó como una herramienta noble para que las personas pudieran reorganizar sus deudas y cumplir con sus acreedores de manera seria y responsable", explicó el funcionario, enfatizando que el objetivo actual es preservar el espíritu original de este mecanismo legal.
Prácticas irregulares detectadas
Entre las irregularidades identificadas, la Superintendencia destacó:
- Uso de redes sociales y herramientas tecnológicas para captar ciudadanos bajo falsas promesas de evasión de obligaciones
- Creación de empresas ficticias que simulan ser acreedoras para debilitar la posición del sistema financiero
- Participación de profesionales (abogados, contadores) en conductas contrarias a la ética y legalidad
- Presentación de acreencias inexistentes en los procesos de conciliación
"Ahí es donde está el problema: en las falsedades", afirmó Escobar categóricamente, señalando que estas prácticas pueden derivar en sanciones disciplinarias, exclusión del ejercicio profesional y consecuencias penales.
Impacto en los ciudadanos y el sistema financiero
El superintendente advirtió que el principal afectado es el ciudadano común que cae en estas ofertas engañosas. "Lo que ocurre es que queda por fuera del sistema financiero, se ve reportado en centrales de riesgo y afecta su capacidad crediticia", explicó, añadiendo que incluso podrían verse involucrados en procesos penales por la naturaleza de las irregularidades.
Estas conductas no solo perjudican a los individuos sino que afectan la credibilidad de todo el sistema financiero colombiano, generando desconfianza institucional y distorsionando un mecanismo diseñado para ofrecer soluciones reales a problemas de endeudamiento.
Acciones y coordinación institucional
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición su capacidad técnica para apoyar las investigaciones, coordinándose estrechamente con el sistema financiero. "Nuestra labor es de apoyo en la recopilación de pruebas y en el acompañamiento institucional para esclarecer estas situaciones", declaró Escobar.
Entre las medidas prioritarias identificadas se encuentran:
- Revisión detallada del funcionamiento de centros de conciliación avalados por el Ministerio de Justicia
- Evaluación del papel de mediadores como auxiliares de la justicia
- Fortalecimiento de estándares éticos en el ejercicio profesional
- Mayor supervisión del papel de notarías en estos procesos
"De nada sirve contar con buenas normas si no se garantiza el componente ético en su aplicación", concluyó el superintendente, recordando que este tema ha sido planteado incluso en escenarios internacionales dada su importancia sistémica.
Contexto de las denuncias bancarias
Esta alerta institucional se produce tras las advertencias del gremio bancario, representado por Asobancaria, sobre la posible existencia de un "cartel de la insolvencia" en procesos de personas naturales. El sector financiero ha documentado un incremento significativo en estos casos, identificando prácticas organizadas para manipular el sistema mediante acreencias ficticias y esquemas diseñados específicamente para evadir obligaciones financieras legítimas.
La coincidencia entre las observaciones de la Superintendencia y las alertas bancarias refuerza la urgencia de intervención regulatoria y judicial para corregir estas distorsiones que amenazan tanto a los ciudadanos como a la estabilidad del sistema crediticio nacional.
