Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, se defendió este jueves de la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política. El funcionario aseguró que no ha cometido ninguna falta y que sus publicaciones en redes sociales no constituyen una violación a las restricciones legales.
¿Qué dijo Saade sobre la suspensión?
En declaraciones desde el Congreso, Saade calificó la medida como irregular. "La justicia no se puede tomar por interpretación, la culpa tiene que ser taxativa", afirmó. Comparó su caso con una persona condenada por asesinato solo por haber pensado en matar a alguien. "Es un trino cualquiera", insistió, refiriéndose a los mensajes en los que pidió la renuncia de Armando Benedetti como ministro del Interior para que hiciera campaña por Iván Cepeda.
Saade reiteró que "pedir una renuncia no es nada, ni soy jefe de Benedetti". Añadió: "Ese día me creí jefe de Benedetti. Me creí jefe de Benedetti ese día". El embajador subrayó que no está haciendo campaña por nadie y que, si el presidente Gustavo Petro considera que debe renunciar, lo hará.
La decisión de la Procuraduría
La Procuraduría suspendió provisionalmente a Saade hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta presidencial. La entidad abrió una investigación disciplinaria por presuntamente utilizar su cargo para participar en controversias políticas a través de mensajes en la red social X, donde se identifica como embajador. Según el Ministerio Público, Saade habría generado apoyo a una campaña política y se habría involucrado en la controversia electoral.
La medida busca evitar que continúe la posible indebida participación en política en el marco de las elecciones presidenciales 2026-2030. La Procuraduría instó al funcionario a cumplir la medida cautelar.
Reacciones y contexto
Saade insistió en que no ha participado en política y que sus trinos son opiniones personales. "Yo no estoy en campaña", sentenció. El caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la interpretación de la Procuraduría sobre la participación política.
