Asobancaria se opone firmemente a nuevas inversiones forzosas propuestas por el gobierno Petro
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) ha manifestado su rechazo contundente a la posibilidad de que el gobierno del presidente Gustavo Petro imponga más inversiones forzosas al sector financiero. El gremio, liderado por Jonathan Malagón González, argumenta que esta medida representaría un aumento significativo de la represión financiera en el país y afectaría negativamente la disponibilidad de crédito para diversos sectores económicos.
Argumentos contra la represión financiera
"Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera", declaró el presidente de Asobancaria, quien señaló que esta situación se debe a múltiples factores regulatorios existentes. Entre estos mencionó específicamente:
- La tasa de usura vigente
- La inversión forzosa en títulos agropecuarios (TDA)
- Las restricciones para costos financieros
- El límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito
Según el análisis presentado por Asobancaria, estas restricciones han limitado considerablemente la profundización financiera en Colombia, la cual actualmente alcanza solo el 44% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra se mantiene similar a la registrada hace una década y se encuentra muy por debajo del potencial estimado para el país, que sería del 65%.
Impacto negativo en la inclusión financiera
La asociación bancaria advirtió que la inclusión financiera crediticia también se ha visto afectada, alcanzando únicamente al 51% de la población adulta colombiana. Esta cifra contrasta marcadamente con referentes internacionales que muestran niveles del 75%, evidenciando un rezago significativo en el acceso al crédito formal.
"Si se establece una nueva inversión forzosa similar a la existente, de alrededor de $35 billones, habría menos recursos disponibles para otorgar créditos a los sectores no priorizados por la medida", explicó Malagón González.
Consecuencias económicas proyectadas
Según los cálculos presentados por Asobancaria, la implementación de nuevas inversiones forzosas generaría efectos económicos adversos considerables:
- Incremento generalizado de 49 puntos básicos en las tasas de interés para todos los créditos en la economía
- Reducción de la cartera crediticia en 0,9 puntos porcentuales
- Disminución del PIB en 0,3 puntos porcentuales
Estos efectos terminarían afectando directamente a los colombianos mediante el encarecimiento del crédito, sin garantizar necesariamente un mayor financiamiento para los sectores que el gobierno busca impulsar.
Defensa del cumplimiento del Pacto por el Crédito
Contrario a las afirmaciones del presidente Petro, Asobancaria sostiene que el Pacto por el Crédito sí se ha cumplido satisfactoriamente. La banca colombiana ha demostrado su compromiso con la Economía Popular y el sector agropecuario mediante desembolsos significativos entre septiembre de 2024 y enero de 2026:
Para la Economía Popular: 1,9 millones de créditos por valor de $10,4 billones
Para el sector agropecuario: 7,2 millones de créditos por valor de $26,4 billones
Avances en financiamiento para mipymes
El Pacto por el Crédito también ha logrado avances importantes en el cierre de brechas de financiamiento. Antes de su implementación, solo el 46% de los desembolsos se destinaban a micro y pequeñas empresas. Actualmente, esta proporción ha aumentado al 53%.
Si se incluyen las medianas empresas, las mipymes han recibido el 67% de los desembolsos totales, lo que representa un incremento de 9 puntos porcentuales respecto a la situación previa al Pacto.
Mecanismos alternativos propuestos
Asobancaria señaló que el gobierno cuenta con instrumentos más efectivos para aumentar la profundización financiera y la inclusión crediticia, sin recurrir a medidas coercitivas como las inversiones forzosas. Entre estas alternativas destacó:
- Subsidios a cuotas de crédito o tasas de interés
- Mecanismos de redescuento
- Programas de garantías estatales
El gremio financiero concluyó que estos mecanismos permitirían alcanzar los objetivos de política económica sin generar los efectos negativos asociados a las inversiones forzosas, preservando así la estabilidad y competitividad del sistema financiero colombiano.
