Elecciones bajo la lupa: candidatos al Congreso con cuentas pendientes ante la justicia
En el marco de las elecciones del 8 de marzo, donde se elegirá un nuevo Congreso y se votarán consultas interpartidistas, más de 500 listas se han presentado. Sin embargo, un rastreo realizado por El Espectador destapa que al menos 20 de los 3.081 aspirantes al Legislativo enfrentan investigaciones judiciales en curso, abarcando desde el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) hasta casos de desaparición forzada.
Casos emblemáticos de corrupción y acusaciones graves
Entre los investigados, figuran representantes y senadores que buscan la reelección o un salto a otras curules. Por ejemplo, los representantes Karen Manrique, Juan Loreto Gómez y Wadith Manzur tienen una cita pendiente ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de cohecho propio, vinculados al escándalo de la Ungrd. A ellos se suman las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya, señaladas de reuniones con exdirectivos de la Ungrd para direccionar contratos, aunque todas las partes han insistido en su inocencia.
El senador Julio Elías Chagüi también está en la mira, presuntamente por comunicaciones con exdirectivos de la Ungrd sobre contratación, según testimonios de implicados. Mientras tanto, en el Pacto Histórico, los representantes David Racero y Pedro Suárez Vacca, junto al senador Alex Flórez, enfrentan procesos por uso indebido de recursos, prevaricato y lavado de activos, respectivamente.
Investigaciones en diversos partidos políticos
El Centro Democrático no se escapa, con el senador José Vicente Carreño investigado por tráfico de influencias y un caso de desaparición forzada de 2003. La representante Yenica Acosta, por su parte, está acusada de peculado por apropiación. En Cambio Radical, cuatro figuras, incluido el senador Didier Lobo, responden ante la justicia por enriquecimiento ilícito y otros delitos, mientras que en La U, el representante Wilmer Carrillo acumula tres procesos por tráfico de influencias y peculado.
El Partido Liberal presenta a Richard Aguilar, acusado de delitos contra la administración pública durante su paso por la Gobernación de Santander. Los conservadores, con David Barguil como cabeza de lista al Senado, enfrentan investigaciones por tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña. Otros casos incluyen a Miguel Polo Polo, por hostigamiento agravado, y Carlos Alberto Carreño, por concusión.
Impacto en la confianza electoral y declaraciones de inocencia
A pesar de las acusaciones, todos los candidatos han reiterado su inocencia, argumentando que los procesos son parte del ruido político o montajes. No obstante, esta situación plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral y la capacidad de los aspirantes para servir en el Congreso sin conflictos de interés. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los votantes deben considerar estos antecedentes al momento de emitir su sufragio, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para fortalecer la democracia colombiana.
