La Comisión de Acusación: Un Mecanismo Fallido en el Control Presidencial
Mientras los puestos electorales permanecían abiertos, la incertidumbre sobre la composición del nuevo Congreso colombiano era palpable. Sin embargo, el perfil de la mayoría de candidatos y la pobreza sustancial de sus propuestas durante la campaña electoral generan serias preocupaciones sobre la capacidad transformadora del próximo legislativo.
Un Congreso con Pasado Cuestionable
Datos reveladores publicados por la Fundación Pares indican que al parlamento podrían llegar más de ciento treinta candidatos con antecedentes cuestionables. Entre este grupo se destacan congresistas salpicados por los escándalos de corrupción en la Ungrd, quienes aún no han recibido sentencia debido a la parsimonia aplicada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La función primordial del Congreso, además de crear legislación sensata, consiste en servir como barrera contundente contra actuaciones ilícitas protagonizadas por el presidente y los altos funcionarios de la República. Esta tarea fundamental fue sistemáticamente ignorada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes durante el período anterior.
Fallas en el Sistema de Pesos y Contrapesos
El comportamiento de la Comisión parece estar directamente relacionado con los vínculos políticos que mantenía la mayoría de sus integrantes con el llamado gobierno del cambio. Esta actitud omisa podría configurar posibles delitos de prevaricato por omisión y denegación de justicia, sobre los cuales ya existen denuncias en curso.
Una Comisión de Acusación verdaderamente vigilante y diligente habría podido alterar significativamente el rumbo de este buque mal herido que representa a Colombia. Se trata de una nave que ha logrado mantenerse a flote a pesar de que su propio capitán insiste en estrellarla contra arrecifes e icebergs institucionales.
La situación se agrava cuando consideramos la tripulación que acompaña este viaje: una Procuraduría General adormecida frente a la participación abierta de empleados públicos en política, una Contraloría General indiferente ante la quiebra premeditada de Ecopetrol, y una Fiscalía General paquidérmica, especialmente lenta en investigaciones relacionadas con allegados al Presidente y algunos funcionarios venales.
La Oportunidad del Cambio
Otra sería la suerte de Colombia si los responsables de aquellas dependencias sintieran la presencia constante de un organismo investigador de origen popular que llevara cuenta minuciosa de su desempeño. Esto fue precisamente lo previsto por la Constitución de 1991 al establecer la Comisión de Acusación, pero que no se cumplió durante este período ya fuera por desidia, intereses cruzados o cualquier otra motivación presente en el ánimo de sus integrantes.
En esencia, se quebrantó el sistema de pesos y contrapesos constitucionalmente previsto y se impuso como natural una anomalía institucional que, de continuar, podría destruir los cimientos de nuestra democracia. El caso del presidente Gustavo Petro resulta particularmente diciente: a pesar de las exoneraciones que le han favorecido, todavía mantiene vivas cerca de doscientas indagaciones pendientes.
Las calumnias e injurias repetidas contra sus contradictores, los múltiples intentos de transgredir la separación de poderes, el empeño por arruinar el sistema electoral, el marchitamiento del sistema de salud y las consecuencias fatales para innumerables pacientes representan apenas algunas conductas que merecerían escrutinio riguroso.
Recomposición Necesaria
La noticia alentadora es que nueve de los catorce miembros del organismo investigador no continuarán en sus cargos. Esta circunstancia facilita significativamente la posibilidad de recomponer la Comisión, haciendo posible que se aplique la ley sin importar el color político de los involucrados y dejando atrás los años del amiguismo y la impunidad institucionalizada.
Existe la esperanza fundada de que la nueva Cámara de Representantes salde la antigua deuda que mantiene con el país y seleccione una Comisión de Acusación propositiva, ajena a toda sombra de complicidad. Debe estar integrada por personas de carácter firme, inmunes a la lógica burocrática partidista y guiadas por la voluntad inquebrantable de hacer prevalecer la majestad del Estado, la transparencia absoluta y la justicia imparcial.
El momento histórico exige que los nuevos congresistas comprendan la magnitud de su responsabilidad y actúen en consecuencia, reconstruyendo los mecanismos de control que garantizan el equilibrio democrático y protegen los intereses supremos de la nación colombiana.
