El Congreso 2026-2030 inicia funciones en medio de una profunda crisis de legitimidad
El Congreso de la República que acaba de ser elegido para el periodo legislativo 2026-2030 llega en un momento particularmente complejo para la democracia colombiana. La confianza de los ciudadanos en esta institución fundamental se encuentra en uno de sus niveles más bajos registrados en la historia del país, según todas las mediciones de opinión pública disponibles.
Esta problemática institucional no es nueva, pero durante el último cuatrienio se ha profundizado de manera alarmante. El Panel de Opinión 2025 de la reconocida firma Cifras & Conceptos documentó un dato preocupante: el nivel de confianza en el Congreso cayó a uno de los puntos más críticos desde que existen estas mediciones sistemáticas.
Tres factores clave del deterioro institucional
El deterioro de la imagen del Congreso tiene explicaciones concretas que se han acumulado en los últimos cuatro años:
- El escándalo de la UNGRD: El golpe más contundente a la credibilidad legislativa provino del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, fueron enviados a prisión preventiva mientras la Corte Suprema de Justicia investiga su presunta participación en esta red de corrupción. Este episodio impactó directamente la percepción ciudadana sobre la cercanía entre actividades ilícitas y el poder legislativo.
- Los enfrentamientos con el Ejecutivo: A este contexto se sumaron los constantes ataques del presidente Gustavo Petro contra el Legislativo. Cada vez que una de sus reformas enfrentó dificultades, el mandatario presentó al Congreso como un obstáculo para las transformaciones del país, llegando incluso a calificarlo como una institución que actúa contra los intereses del pueblo. El problema de fondo radica en que, cuando sus iniciativas no avanzaban, el presidente parecía renuente a asumir su propia incapacidad para dialogar o negociar, prefiriendo trasladar la responsabilidad al Congreso.
- La evasión de debates cruciales: Un tercer factor determinante ha sido la sensación generalizada de que el Congreso, en lugar de abordar discusiones fundamentales para el país, ha preferido evitarlas sistemáticamente. Un ejemplo emblemático fue el tratamiento de la reforma a la salud del gobierno Petro, que terminó hundiéndose en la Comisión Séptima del Senado tras aprobarse una ponencia de archivo presentada por el senador Alirio Barrera. Aunque desde el punto de vista procedimental esta decisión era válida, para la opinión pública representó una forma de eludir un debate que el país esperaba y necesitaba.
El monumental desafío del nuevo Congreso
El Legislativo que iniciará funciones en julio de 2026 no solo tendrá que tramitar leyes ordinarias o debatir reformas estructurales. También deberá enfrentar un reto más profundo y complejo: recuperar la confianza ciudadana que se ha erosionado durante años.
Esto implica algo mucho más significativo que simplemente aprobar proyectos legislativos. Requiere demostrar de manera tangible que el Congreso puede deliberar con seriedad, asumir debates difíciles sin evadirlos y actuar con niveles de transparencia mucho mayores a los mostrados en el pasado reciente.
La importancia de este desafío no puede subestimarse, pues el Congreso sigue siendo una pieza esencial e irremplazable de la democracia colombiana. Ninguna institución puede funcionar plenamente cuando la ciudadanía deja de confiar en ella, y en este caso particular, la desconfianza ha alcanzado niveles preocupantes que amenazan la gobernabilidad misma del país.
El nuevo Congreso tendrá que demostrar con hechos concretos que está verdaderamente a la altura del país que representa, que comprende la gravedad del momento histórico y que tiene la voluntad política para reconstruir su legitimidad ante los colombianos. Esta tarea no admite más dilaciones ni evasivas, pues de su éxito depende en buena medida la estabilidad institucional de Colombia en los próximos años.
