Las elecciones legislativas reafirman prácticas corruptas en Colombia
Los comicios del pasado domingo dejaron en evidencia que las prácticas corruptas que históricamente han caracterizado las elecciones legislativas en Colombia continúan vigentes y sin cambios sustanciales. Los resultados demuestran que, lejos de disminuir, el clientelismo electoral se ha afianzado como un componente estructural del sistema político colombiano, tal como reconocen tanto la academia como la opinión pública desde la implementación de la Constitución de 1991.
El caso emblemático de Wadith Manzur
Un ejemplo revelador de esta realidad es el caso del congresista conservador Wadith Manzur, quien fue capturado pocos días después de lograr su reelección con una votación significativa, beneficiándose de su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este escándalo, que también involucra a la representante por la circunscripción especial de paz de Arauca, Karen Manrique, ilustra perfectamente la naturaleza del régimen político que gobierna Colombia y en el cual participan activamente los diferentes partidos que conforman el Congreso de la República.
Manzur ocupaba posiciones estratégicas en dos importantes comisiones legislativas: la Comisión de Crédito Público, responsable de autorizar los cupos de deuda pública para el gobierno nacional, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar y juzgar al presidente de la República y otros altos funcionarios. Según las investigaciones, el congresista habría utilizado estas posiciones para cobrar por sus votos, aprobando aumentos a la deuda pública que se traducirán en mayores impuestos para los colombianos y garantizando impunidad a altos dignatarios.
El modus operandi de la corrupción legislativa
De acuerdo con la ponencia de la Corte Suprema de Justicia, Manzur y otros congresistas habrían vendido sus votos para aprobar incrementos a la deuda pública a cambio de proyectos de infraestructura financiados con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación revela que incluso se inventaron emergencias climáticas para justificar los desembolsos de estos recursos públicos.
Afortunadamente, las denuncias periodísticas lograron evitar el desfalco, pero el escándalo ya tiene a varios implicados tras las rejas, incluyendo a dos exministros del gobierno de Petro. Este caso representa el modus operandi típico del régimen político colombiano, que utiliza la corrupción tanto para asegurar su elección como para ejercer sus funciones una vez en el poder.
Clientelismo como regla general del sistema
Aunque es cierto que existen algunas figuras políticas que logran sus votos mediante propuestas legítimas y debate franco, la regla general en todos los partidos y regiones del país sigue siendo el clientelismo electoral. La corrupción no constituye un fenómeno marginal o accidental en las elecciones colombianas, sino que forma parte integral del sistema político establecido en 1991.
Las fuerzas políticas que dieron origen a este régimen -liberales, conservadores y la Alianza Democrática M-19- mantienen su vigencia, y aunque se han sumado nuevas agrupaciones políticas, conservan las coincidencias fundamentales que las unieron en los años noventa. Estas coincidencias se manifiestan hoy en la mantención de la relación neocolonial con Estados Unidos, la continuidad del Tratado de Libre Comercio y la priorización de la inversión extranjera por encima del desarrollo del trabajo y la producción nacional.
La persistencia de estas prácticas corruptas plantea serios desafíos para la democracia colombiana y evidencia la necesidad de reformas estructurales que vayan más allá de cambios cosméticos en el sistema electoral.
