Corte Suprema ordena investigar a representante Jhon Fredy Núñez por caso UNGRD
La investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa expandiéndose en Colombia, alcanzando ahora a otro miembro del Congreso. La Corte Suprema de Justicia ha emitido una orden formal para investigar al representante a la Cámara Jhon Fredy Núñez Ramos, quien habría tenido un papel significativo en la gestión de proyectos y contratos vinculados a este escándalo de corrupción.
Decisión judicial y fundamentos
La decisión del alto tribunal se produjo después de que el magistrado ponente Misael Rodríguez compulsara copias del caso para que la Sala correspondiente analice la posible participación del congresista en hechos que podrían constituir tráfico de influencias u otros delitos relacionados con la administración de recursos públicos en la UNGRD. Con esta investigación, el nombre de Núñez Ramos se suma a la creciente lista de parlamentarios señalados dentro del proceso judicial que examina posibles irregularidades en la asignación de fondos destinados a la gestión del riesgo de desastres.
La investigación se sustenta en varios elementos probatorios clave:
- Testimonios de exfuncionarios que han declarado ante las autoridades judiciales
- Registros de conversaciones en aplicaciones de mensajería como WhatsApp
- Documentación sobre gestiones contractuales vinculadas a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público
Testimonios clave y evidencias
Uno de los testimonios más relevantes proviene de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien declaró ante la Corte que Núñez Ramos habría sido uno de los congresistas que más insistió en la aprobación de proyectos de su interés personal. Según su relato, esta presión quedó registrada en diversas conversaciones de WhatsApp intercambiadas durante el período investigado.
La exfuncionaria también aseguró que, en enero de 2024, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, intervino personalmente para atender las solicitudes del congresista, relacionadas con la posible aprobación de hasta diez proyectos específicos que beneficiarían sus intereses. Este testimonio se suma a las declaraciones de otros exfuncionarios como el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla y el exdirector Olmedo López, quienes han proporcionado información crucial para el avance de la investigación.
Ampliación del caso y otros implicados
El expediente judicial también incluye registros de gestiones contractuales vinculadas con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, escenario en el cual, según las indagaciones, el representante Núñez Ramos habría impulsado activamente la aprobación de iniciativas que podrían haber generado beneficios indebidos para sí mismo o para terceros.
Dentro del mismo proceso judicial, otros funcionarios y congresistas han sido señalados, incluyendo a los representantes Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes están siendo investigados por proyectos vinculados a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú y las obras para el control de inundaciones sobre el río Bojabá en Saravena. Estos proyectos, según las investigaciones, pudieron ser contratados a través de la UNGRD de manera irregular, generando beneficios personales o para allegados de los implicados.
Es importante destacar que algunos exfuncionarios han negociado inmunidades procesales a cambio de revelar nombres y detalles específicos del entramado de corrupción, lo que ha permitido a las autoridades judiciales ampliar significativamente el alcance de sus investigaciones.
Contexto y perspectivas futuras
El caso de la UNGRD representa uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años en Colombia, involucrando a múltiples niveles de la administración pública y el poder legislativo. La investigación continúa en etapa de análisis judicial y podría ampliar aún más la lista de funcionarios y congresistas implicados a medida que se recopilen nuevas evidencias y testimonios.
La orden de la Corte Suprema para investigar a Jhon Fredy Núñez Ramos marca un hito importante en el proceso, demostrando la determinación del sistema judicial colombiano para abordar casos de corrupción que afectan la gestión de recursos públicos destinados a la prevención y atención de desastres naturales en el país.
