La Defensoría del Pueblo rechazó de manera categórica las declaraciones públicas del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Guri”, en las que solicita “bombardear” territorios del país debido a los resultados obtenidos en la segunda vuelta por la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
Las declaraciones del concejal
En redes sociales circulan videos en los que se escucha al concejal señalar: “Le doy un consejo al próximo presidente de este país. Si ya sabemos, exactamente, en qué mesas de votación porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos a esas zonas”. Estas afirmaciones han generado una fuerte controversia y el rechazo de diversas organizaciones.
La respuesta de la Defensoría
En su pronunciamiento, la Defensoría indicó que las afirmaciones de “El Guri” parten de la suposición de que “la amplia votación obtenida por la candidatura de esa fuerza política evidencia constreñimiento por parte de grupos armados”. En ese sentido, la entidad señaló que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que votaron en los comicios.
Asimismo, el órgano de control aseveró que los pronunciamientos de quienes ejercen funciones públicas deben estar revestidos de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos, debido al impacto que pueden generar. “Las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, que deben ser evaluadas por las autoridades competentes, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas asociadas a discriminación y violencia política”, mencionó la Defensoría.
Gravedad de las afirmaciones
Además, señaló que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio o incitaciones a atacar a la población civil. “Resulta especialmente grave que este tipo de afirmaciones se produzcan en un país atravesado históricamente por la violencia, la persecución política y la acción armada en contra de comunidades enteras”, concluye la entidad.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la responsabilidad de los funcionarios públicos y recordó que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias legales. El caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que evalúen si se configuran delitos como instigación a delinquir o amenazas.
