La decisión de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, de no suspender las órdenes de captura contra 29 jefes del Clan del Golfo ha reavivado el conflicto político y jurídico entre la Fiscalía y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).
Resolución 120 y postura de la Fiscalía
La OCCP había emitido la Resolución 120 de 2026 para facilitar el traslado de estos 29 miembros del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio. Sin embargo, la fiscal Camargo sostiene que las capturas seguirán vigentes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones legales y el estado real del proceso.
Entre los nombres incluidos en la resolución está el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo, quien además es requerido en extradición por Estados Unidos. La Fiscalía argumenta que la suspensión automática no puede aplicarse sin antes comprobar aspectos como la identificación de los integrantes, su pertenencia efectiva al grupo armado, la entrega de armas, la desarticulación de estructuras y el cumplimiento de compromisos humanitarios.
Respuesta del Gobierno
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. A través de un comunicado, el comisionado de paz, Otty Patiño, afirmó que la suspensión de las órdenes de captura “opera por mandato expreso de la ley y no por una valoración discrecional posterior de la Fiscalía General de la Nación”. El documento cita el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, según el cual, una vez acordadas las Zonas de Ubicación Temporal, “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura” durante el desplazamiento y permanencia de los integrantes en esos espacios.
El comisionado Patiño también le recordó a la fiscal Camargo que la determinación sobre el “estado avanzado de un proceso de paz” y la creación de Zonas de Ubicación Temporal solo corresponde “constitucional y legalmente al Presidente de la República”.
Implicaciones del conflicto
Este nuevo choque entre la Fiscalía y el Gobierno pone en evidencia las tensiones en la implementación de la política de Paz Total. Mientras el Ejecutivo busca avanzar en los procesos de sometimiento y desmovilización, la Fiscalía insiste en el cumplimiento de los requisitos legales antes de cualquier suspensión de órdenes de captura. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de las ZUT y la participación de los jefes del Clan del Golfo en el proceso de paz.
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