James Mosquera: Una voz desde el Chocó para transformar el dolor en políticas de justicia
En una entrevista exclusiva, James Mosquera, candidato al Congreso de Colombia, revela las motivaciones profundas que lo impulsan a buscar una curul. Originario del Chocó, Mosquera afirma que su mayor motivación es transformar el dolor de las víctimas del conflicto armado en políticas de justicia, dignidad y oportunidades reales. Con un tono firme, explica que ha sido testigo directo de cómo familias enteras han sido golpeadas por la violencia y el abandono histórico en su región. No estoy aquí para que nos revictimicen, enfatiza, sino para garantizar que la paz tenga una presencia tangible en los territorios, que las comunidades sean escuchadas y que sus derechos no queden solo en el papel.
Transparencia y compromiso con las víctimas
Al ser cuestionado sobre investigaciones disciplinarias, administrativas o penales, Mosquera responde con claridad: No he tenido condenas ni procesos que afecten mi ejercicio político. Sin embargo, menciona que actualmente existe una investigación en curso relacionada con su condición de víctima, la cual respeta y confía en la transparencia del debido proceso. Rechaza enfáticamente cualquier intento de revictimización, argumentando que poner en duda la dignidad de una víctima no contribuye al fortalecimiento de la justicia ni de la paz en Colombia.
Propuestas legislativas clave para el desarrollo
Si obtiene la curul, Mosquera planea presentar un proyecto emblemático: una Ley de Incentivos Tributarios Especiales para el Chocó, inspirada en la Ley Páez. Esta iniciativa busca reconocer la exclusión histórica del Pacífico colombiano, promoviendo inversión productiva, empleo y desarrollo sostenible en la región. Esta será mi bandera para transformar la economía local y generar oportunidades reales para nuestras comunidades, declara, subrayando su compromiso con el progreso territorial.
Análisis de los problemas nacionales y soluciones propuestas
Para Mosquera, el principal problema de Colombia es la exclusión territorial y social, que se manifiesta en violencia, desigualdad y falta de acceso a oportunidades. Propone una solución basada en una visión territorial integrada, con inversión real en educación, salud, infraestructura y paz sostenible, articulada con las comunidades y mecanismos de transparencia y control social.
Posturas sobre temas polémicos y reformas
En cuanto a procesos constituyentes, Mosquera se muestra cauteloso pero abierto: Puede ser positivo si se define con claridad el propósito y la participación no excluyente de las víctimas y territorios. No apoya una asamblea que busque reemplazar garantías democráticas, pero sí un proceso constituyente participativo y vinculante que fortalezca derechos sociales y territoriales.
Sobre la reelección presidencial inmediata, es categórico: No. Argumenta que la extensión de mandatos debilita la rotación democrática y el equilibrio de poderes, abogando por mandatos claros con rendición de cuentas y participación ciudadana.
Respecto a la política de paz total, Mosquera expresa su respaldo, afirmando que la paz es un proceso estructural que debe integrar justicia transicional, reparación integral, verdad plena y no repetición, con un enfoque territorial.
Diálogos con grupos ilegales y regulación de drogas
Apoya los diálogos con grupos ilegales siempre que se realicen bajo el marco constitucional, con garantías de dignidad para las víctimas y compromiso real de transición a la vida civil. En cuanto a la legalización de drogas como la marihuana, Mosquera apoya una discusión responsable que combine políticas de salud pública, enfoque de reducción de daños y alternativas productivas para comunidades afectadas por economías ilícitas.
Posiciones sobre eutanasia, reforma tributaria y salarios
Está de acuerdo con la eutanasia como parte de los derechos individuales y decisiones dignas, bajo un marco ético y garantías médicas claras. Propone una reforma tributaria equitativa, progresiva y solidaria, que no afecte a las mayorías y vincule el gasto público eficiente en educación, salud y desarrollo territorial. Además, aboga por ajustar los salarios de congresistas y funcionarios estatales con criterios de austeridad, alineados con el ingreso medio colombiano.
Iglesias, sistema político y paridad de género
Apoya que las iglesias paguen impuestos como el de la renta, siempre que se regulen beneficios y se garantice equidad fiscal sin vulnerar la libertad de culto. Promovería modificaciones al sistema político colombiano, incluyendo mecanismos de participación directa, control ciudadano y transparencia, para modernizar la democracia y hacerla más incluyente.
En materia de paridad y derechos de la mujer, Mosquera se compromete a fortalecer leyes que impulsen paridad efectiva en listas, presupuestos con enfoque de género, protección contra violencia política y acceso a oportunidades económicas.
Combate a la corrupción y mejora de la imagen del Congreso
Para enfrentar la corrupción, propone impulsar leyes de transparencia y trazabilidad total de recursos públicos, sanciones efectivas, control ciudadano con mecanismos digitales, protección a denunciantes y modernización de compras públicas. Ante la imagen desfavorable del Congreso, sugiere rendición de cuentas periódica desde el territorio, resultados mensurables y reportes comunitarios sobre avances de proyectos, enfatizando que la política debe ser transparente, cercana y medible.
Relaciones internacionales y financiamiento de campaña
En relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela, aboga por una diplomacia pragmática basada en derechos humanos, cooperación económica, seguridad fronteriza y migración ordenada, sin subordinaciones ideológicas. Su campaña se financia con aportes transparentes, individuales y declarados, sin financiamiento de grandes intereses, garantizando independencia y compromiso con la ciudadanía.
Respaldo presidencial y evaluación del gobierno Petro
Mosquera respeta las decisiones de coalición, pero su respaldo será coherente con una agenda de paz, equidad, desarrollo territorial y justicia social. Sobre el gobierno de Gustavo Petro, cree que deben seguir las políticas de paz institucional y reforma social, mientras se revisan y corrigen políticas fiscales y ambientales mal implementadas que no corresponden a realidades territoriales como la del Chocó.