Miércoles negro para Petro en la Comisión de Acusación
En un giro inesperado, dos de los tres congresistas encargados de investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022 radicaron formalmente un salvamento de voto. Este documento, presentado ante la secretaría de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, solicita vincular formalmente al jefe de Estado y pide llamarlo a indagatoria. La decisión fue tomada por Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, quienes se oponen a la postura de inhibir a Petro propuesta por el congresista Alirio Uribe, también del Pacto Histórico.
Según información de Semana, la posición de Arizabaleta y Carrillo será puesta a discusión en el orden del día de la próxima semana. En esa sesión, los 18 representantes a la Cámara que integran la Comisión votarán para definir el futuro de la investigación. Si nada extraordinario ocurre, el país conocerá cuáles congresistas apoyan la inhibición o la continuación del proceso. Una fuente de alto nivel indicó que la votación podría ser pública, permitiendo que los medios de comunicación y la ciudadanía conozcan el sentido del voto de cada representante.
El salvamento de voto, al que Semana tuvo acceso, señala que el triunvirato investigador debe disponer la vinculación formal del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego mediante la recepción de su indagatoria. La diligencia deberá realizarse conforme al Artículo 336 de la Ley 600 de 2000, garantizando al investigado el pleno ejercicio del derecho a la defensa, el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse.
Las razones detrás de la solicitud
Entre los argumentos esgrimidos por Arizabaleta y Carrillo destaca el cheque que giró Fecode a la campaña presidencial por 500 millones de pesos en calidad de préstamo. Según el documento, Fecode, como persona jurídica de derecho privado y organización sindical, tiene prohibido realizar aportes a campañas presidenciales. La triangulación de recursos a través de Fecode hacia Colombia Humana y luego a Ingenial Media, y finalmente a los testigos electorales, constituye un mecanismo de ingeniería financiera para desviar el origen real del aporte y eludir el reporte a Cuentas Claras.
Otra de las inconformidades se relaciona con la operación de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi). El Pacto Histórico contrató servicios aéreos para movilizar al entonces candidato presidencial, pero el Consejo Nacional Electoral evidenció una discrepancia sustancial entre los valores reportados y los reales. Sadi expidió facturas originales y luego las anuló mediante notas de crédito, emitiendo facturas sustitutivas con valores menores. Los valores ocultados ascendieron a 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda.
También se menciona el aporte de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña Petro Presidente. Aprobado entre el 8 y 9 de junio de 2022, días antes de la segunda vuelta electoral, este aporte no aparece en el sistema Cuentas Claras, lo que configura una omisión deliberada de información contable. La proximidad temporal entre la asamblea de la USO y la segunda vuelta excluye cualquier hipótesis de que los recursos no hayan sido utilizados.
Nuevas pruebas y próximos pasos
Wilmer Carrillo y Gloria Arizabaleta solicitaron nuevas pruebas, incluyendo información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña de 2022. Asimismo, pidieron compulsar copias a la jurisdicción ordinaria penal contra algunos implicados y comunicar a la Contraloría General y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales sobre la apertura de esta investigación.
Si la decisión no se toma en la presente legislatura, los nuevos congresistas de la Comisión de Investigación que se posesionan el 20 de julio deberán asumir el caso. El escenario no pinta favorable para Gustavo Petro, quien enfrenta un proceso que podría tener consecuencias políticas y judiciales.
