A tres meses de abandonar la Presidencia, Gustavo Petro parece insistir en asumir un papel de árbitro electoral con el que podría estar pasando los límites de la intervención política, algo que no se preocupa por ocultar. El escenario más frecuente en el que se presencia esa participación es en sus redes sociales, donde menciona directamente a los candidatos presidenciales que se oponen a su proyecto político para desestimarlos o restarles visibilidad.
Análisis de la intervención presidencial
Jorge Luis Yarce, analista de la Universidad Central, explica que la participación política de funcionarios en Colombia es un tema delicado y una gran zona gris en la que definitivamente se encuentra el presidente Petro. Desde ahí hace manifestaciones de orden político afianzadas en su línea de proyectos de Gobierno, que directamente impactan y favorecen a una de las campañas: la de Iván Cepeda. Señala que la convocatoria a una asamblea nacional constituyente es uno de los ejemplos de su intervención: el Jefe de Estado crea un comité promotor con fondos públicos para esa iniciativa y, a renglón seguido, se ve reflejado de manera positiva en la única campaña que promueve esa idea, la de Cepeda, aunque en las últimas semanas haya querido llamarla 'gran pacto nacional'. Ahí definitivamente está teniendo una injerencia política.
Un escenario similar ocurrió el mes pasado, cuando varios aspirantes denunciaron ser víctimas de amenazas. Si bien el Presidente ordenó garantizar la seguridad de todos los aspirantes, alertó y rechazó un posible atentado contra el aspirante del Pacto Histórico.
Críticas por participación indebida
Luis Carlos Ojeda, coordinador del Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana de Cali, sostiene que todos los expresidentes han tenido siempre una fórmula a la cual apoyar; no obstante, la manera como Gustavo Petro ha participado y ha tratado de incidir para que las personas voten por la fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué ha sido directa y muy visible, incluso dirigiéndose con comentarios negativos hacia los demás candidatos. Además, esta participación indebida ha construido un mensaje en torno a que el sistema electoral es fraudulento y deslegitima las instituciones, creando un ambiente en el que la ciudadanía no quiere confiar en el resultado y piensa que si el ganador no es el que el Presidente espera, es porque hubo fraude. Esa narrativa es sumamente riesgosa y podría poner en tensión la democracia.
Algunos pronunciamientos salidos de tono se han referido, por ejemplo, al apoyo del Partido Liberal a la campaña del uribismo. Petro escribió en X: 'Vi al Partido Liberal apoyar a Fico, a Hernández, ahora a Uribe, nunca apoyó las reformas sociales del pueblo. Parece que ahora alguna dirigencia liberal quiere enterrar la espada de El Libertador y apoyar los herederos de los esclavistas contra los herederos de los esclavos'. También publicó un recopilado de momentos polémicos de Abelardo de la Espriella donde comentó: 'Estoy seguro que lo que llegó a Colombia no fue la mafia italiana, sino sus schifos'. El mes pasado dedicó otro trino: 'El pueblo en realidad ha iniciado una revolución en el corazón del mundo. El pueblo va a decidir si se derrota la revolución o si seguimos adelante'.
Violación de normas vigentes
Juan Nicolás Garzón, docente de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana, comenta que desde el punto de vista de las normas vigentes en Colombia, el Presidente las está violando. En un país como este debería ser legítimo que los actores políticos participen en la política, pero aunque crea que sea válido, la ley no lo permite y en tanto no lo permita, el Mandatario debería abstenerse de hacer menciones a cualquier aspecto que tenga que ver con el proceso electoral. Esto tiene un agravante más, porque no solo se refiere a algún candidato, sino que ha hablado de la transparencia del proceso mismo, a no ser que tenga pruebas fehacientes de que se está fraguando un fraude electoral.
Extensión a otros miembros del gabinete
Esta práctica no se ha quedado solo en el primer Mandatario, sino que se ha extendido a otros miembros de su gabinete. El procurador Gregorio Eljach advirtió que varios jefes de carteras ya están bajo la lupa de la entidad para determinar si se ha usado el aparato estatal para favorecer a alguna campaña. Se estima que pasan de 80 los señalados. Entre los investigados están Armando Benedetti, ministro del Interior; María Fernanda Rojas, ministra de Transporte; Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, y Luis Eduardo Montealegre, exministro de Justicia. Benedetti sería el jefe de cartera que más se repite en las denuncias, debido a sus frecuentes pronunciamientos en redes sociales. Rojas es señalada de sostener un cartel en apoyo al partido Alianza Verde mientras hacía parte de un foro académico en la Universidad Nacional en Manizales en 2025. Sanguino también ha 'pecado' en redes sociales, especialmente al comentar una publicación sobre una unión entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria: 'La alianza de la parapolítica y el neoliberalismo…'.
Ojeda menciona que se ve a un ministro como Benedetti que ha participado activamente en política, hace señalamientos y cuestionamientos, y en el que se puede identificar fácilmente cuál es la opción que apoya. Eso también ocurre con otros ministros, como el de Educación, y es la forma tan visible, con tan poca opacidad, sin ningún tapujo y de manera reconocible, que llama la atención, teniendo en cuenta los riesgos que implica.
Impacto en la equidad de la contienda
El docente Garzón responde que en las democracias en las que un presidente puede ser reelecto o tiene un candidato, sin importar si es popular o impopular, la balanza queda un poco desequilibrada porque finalmente el aparato del Estado es muy grande, los recursos financieros y mediáticos son mayores de los que puede tener otro candidato, campaña o partido político. Aclara que no necesariamente significa que más gente vaya a decidir votar por Cepeda simplemente porque Petro tuitea en contra de Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, pero sí altera el proceso, lo desequilibra, por la magnitud de la capacidad mediática que tiene un gobierno en ejercicio.
En opinión de Ojeda, si bien este no es un riesgo que haya aparecido con el actual Mandatario, está ahí, le favorece y le da opción y viabilidad para que su candidato apoyado tenga más chance de ser elegido presidente y vicepresidenta. Yarce añade que definitivamente hay un riesgo materializado que ya ha desequilibrado por completo la balanza de la contienda electoral. Explica que hay una estructura política que, con mucha cautela, inteligencia y conocimiento de esa franja gris que existe dentro del quehacer misional y la participación real en la política, están moviendo los medios públicos y las redes institucionales en pro de favorecer a un candidato. Indica que no es en vano que el Presidente de la República, en plena Ley de Garantías, haya obligado a todas las entidades nacionales centralizadas y descentralizadas a contratar la pauta publicitaria necesaria para dar crédito de los logros obtenidos por su administración, porque esto de alguna manera sirve de base para el discurso del continuismo.
