Ricardo Roa enfrenta crucial semana judicial por irregularidades en campaña presidencial
La segunda semana de marzo se perfila como un período de alta tensión judicial para Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, quien ha sido vinculado a dos procesos penales que podrían tener graves consecuencias legales y políticas. El 11 de marzo marcará el inicio formal de este capítulo, cuando Roa deberá presentarse ante las autoridades para escuchar la imputación en su contra por las presuntas irregularidades que rodearon la compra de un apartamento de lujo en el exclusivo sector del Chicó, en el norte de Bogotá, transacción realizada a un precio significativamente inferior al valor catastral establecido.
Doble diligencia judicial por violación de topes electorales
En esta audiencia inicial, las autoridades judiciales le imputarán formalmente el cargo de violación de topes electorales, un delito que ha generado amplio escrutinio público. Veinticuatro horas después de esta primera comparecencia, Roa deberá asistir a otra diligencia judicial específicamente centrada en la violación de los límites de gasto durante la campaña Petro Presidente en el año 2022, donde fungió como gerente durante varios meses críticos del proceso electoral.
Este desarrollo judicial no surge de la nada. El 29 de noviembre de 2025, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había impuesto una sanción administrativa contra Roa por participar directamente en la violación de los topes electorales. La sanción se basó en su fallo al no reportar casi 6.000 millones de pesos en el portal Cuentas Claras, un trámite obligatorio para toda campaña política que busca garantizar transparencia en el manejo de recursos.
Detalles de la sanción del CNE y sus implicaciones
En su decisión, el CNE ordenó a Roa devolver 165 millones de pesos correspondientes al pago del Movistar Arena en Bogotá, realizado el 19 de junio de 2022, día de las elecciones en segunda vuelta. Para el organismo electoral, el entonces gerente de campaña cobró ese dinero mediante la reposición de votos, a pesar de que el día de los comicios la campaña ya había concluido formalmente, lo que constituye una irregularidad procesal significativa.
La resolución del CNE no se limitó a lo administrativo. El consejo solicitó expresamente a la Fiscalía General de la Nación que investigue penalmente a Ricardo Roa por tres delitos específicos:
- Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas
- Violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales
- Fraude procesal
Estos cargos, de comprobarse, podrían generar no solo consecuencias legales severas para Roa, sino también repercusiones políticas significativas para su actual posición al frente de la principal empresa petrolera del país.
Contexto político y reacciones institucionales
Es importante destacar que el Consejo Nacional Electoral no investiga al presidente Gustavo Petro directamente por estos hechos, según lo establecido por la Corte Constitucional. Sin embargo, el organismo sí tiene competencia para investigar a los directivos y responsables de campaña, como es el caso de Ricardo Roa.
La situación ha generado reacciones en diferentes esferas del poder. El partido Colombia Humana, fundado por el presidente Petro, reconoció ante el CNE que efectivamente se violaron los topes electorales durante la campaña presidencial de 2022, un reconocimiento que añade peso a las acusaciones contra Roa.
Paralelamente, el presidente del Concejo de Medellín ha solicitado formalmente a la Fiscalía que pida la suspensión "inmediata" del cargo de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, argumentando que la gravedad de las acusaciones y los procesos judiciales en curso afectan su idoneidad para dirigir la empresa estatal.
Estos desarrollos judiciales ocurren en un contexto donde Roa también enfrenta una nueva investigación disciplinaria por la compra del lujoso apartamento en el norte de Bogotá, creando un escenario legal complejo que se desarrollará simultáneamente en diferentes frentes durante las próximas semanas.
