El destino político de Manzur y Manrique tras su captura por el caso UNGRD
La Corte Suprema de Justicia ha enviado a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique del CITREP, tras su implicación en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión judicial ha desencadenado un intenso debate constitucional sobre el futuro de sus curules en el Congreso de la República.
La figura de la silla vacía en los últimos tres meses del período legislativo
Según el exmagistrado del Consejo de Estado, Hugo Bastidas Bárcenas, la orden de captura activa inmediatamente la figura de la silla vacía prevista en el artículo 134 de la Constitución Política. "Por el hecho mismo de la captura, ellos no pueden ir a sentarse a la curul, y como es un delito contra la administración pública se aplica la silla vacía, no se puede reemplazarlos", explica Bastidas Bárcenas.
Esta medida afectaría específicamente los tres meses restantes del actual congreso, desde el 16 de marzo cuando finaliza el receso legislativo hasta el 20 de julio cuando se posesionan los nuevos representantes. Sin embargo, existe el precedente del exsenador liberal Mario Castaño, quien fue capturado en junio de 2022 sin que se aplicara formalmente la silla vacía en el mes restante de su período.
Posiciones divergentes sobre el reemplazo de las curules
El subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, Andrés Pérez, presenta una interpretación diferente: "En el caso de los congresistas Manrique y Manzur, en la medida en que la investigación está avanzando, lo que ocurre es que esa curul se reemplaza por la siguiente persona en la lista de elegibles". Esta posición se basa en que ambos representantes mantienen la presunción de inocencia al no haber sido condenados definitivamente.
Pérez argumenta que el artículo 134 de la Constitución, reformado por el Acto Legislativo 1 del 2009, establece que la silla vacía solo aplica cuando existe una condena en última instancia por delitos de corrupción.
La incertidumbre sobre la reelección para el próximo cuatrienio
La situación se complica aún más considerando que ambos congresistas fueron reelegidos el pasado 8 de marzo con resultados contundentes: Manzur obtuvo 134.000 votos y Manrique alcanzó 5.600 votos. El abogado penalista Sócrates advierte sobre las implicaciones: "Los aforados con medida de aseguramiento no podrán posesionarse el próximo 20 de julio, hasta tanto la sala especial de instrucción revoque la medida intramural impuesta o se venzan los términos para su juzgamiento".
Según esta interpretación, los partidos políticos podrían perder definitivamente estas curules si se confirma que el proceso penal está relacionado con hechos de corrupción. Esto generaría un vacío de representación política para los electores que respaldaron a ambos candidatos en las recientes elecciones.
El impacto en el sistema político colombiano
Este caso representa un desafío institucional significativo que pone a prueba los mecanismos constitucionales diseñados para enfrentar la corrupción en el ámbito legislativo. La aplicación de la silla vacía, aunque prevista en la Carta Magna, enfrenta interpretaciones divergentes entre expertos jurídicos y podría establecer precedentes importantes para futuros casos similares.
La resolución final de este asunto no solo determinará el destino político de Manzur y Manrique, sino que también definirá la interpretación práctica de las normas anticorrupción en el Congreso colombiano, marcando un punto de referencia para el equilibrio entre el derecho a la representación política y la lucha contra la corrupción administrativa.
