Contralor general exige análisis exhaustivo de recursos para emergencia en Córdoba
En una rueda de prensa realizada este miércoles, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, hizo un llamado contundente al Gobierno Nacional para que realice un "barrido juicioso" de los recursos destinados a atender la emergencia económica, particularmente en el departamento de Córdoba. El funcionario enfatizó que no se cuestiona la destinación de los fondos, sino que se requiere establecer con precisión qué porcentaje está realmente disponible para una ejecución inmediata.
Recursos disponibles versus comprometidos
Según explicó Rodríguez, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuenta con 2,6 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, es fundamental determinar qué parte de estos dineros ya está comprometida y cuál permanece libre para atender las necesidades urgentes derivadas de la emergencia. "Los recursos para Córdoba no pueden depender de un tributo futuro que eventualmente se recaude; deben estar disponibles ahora", afirmó el contralor con firmeza.
Gestión preventiva y no solo reactiva
El contralor general criticó la tendencia a actuar de manera reactiva frente a las emergencias recurrentes, especialmente las inundaciones que afectan anualmente a diversas regiones del país. "Las inundaciones se presentan todos los años y deben estar previstas dentro de una adecuada planificación", señaló Rodríguez, quien destacó que la gestión del riesgo debe incluir componentes de prevención y preparación estructural, no solo respuestas de última hora.
En este contexto, Rodríguez reveló que la Contraloría ya sostuvo reuniones técnicas con funcionarios de la UNGRD, pero que aún espera información completa para evaluar con claridad la situación financiera. "En ese encuentro no hubo claridad suficiente", admitió el funcionario, quien anunció que próximamente viajará a Córdoba para analizar directamente la situación territorial y escuchar propuestas de las autoridades regionales.
Naturaleza del control fiscal en la actualidad
Desde el punto de vista constitucional, el contralor recordó que la entidad que lidera ejerce un control preventivo y posterior, pero no previo. "No ejecuta ni administra recursos; simplemente formula observaciones y propuestas sobre cómo debe realizarse la ejecución del gasto", explicó detalladamente.
Rodríguez aclaró que, a diferencia del modelo vigente bajo la Constitución de 1886, actualmente no existe un control que obligue al Gobierno a contar con la firma del contralor para ejecutar recursos. Las decisiones corresponden exclusivamente al Ejecutivo, mientras que el ente de control puede advertir riesgos y, en caso necesario, iniciar procesos de responsabilidad fiscal.
Advertencias sobre intervenciones en el sector salud
En materia de salud, el contralor reiteró su preocupación frente a las intervenciones administrativas, particularmente en el caso de la Nueva EPS. Señaló que existe el riesgo real de que "la cura resulte peor que la enfermedad", haciendo referencia a posibles consecuencias no deseadas de estas medidas.
El funcionario recordó que la Contraloría ha adelantado procesos de responsabilidad fiscal por billones de pesos en el sector salud, pero que ello no impide revisar críticamente la forma como se están manejando las intervenciones y el flujo de recursos. "Cuando el Gobierno interviene la empresa más grande prestadora de servicios de salud, asume directamente la responsabilidad. Debe responder por su funcionamiento y por los resultados", afirmó con contundencia.
Transparencia como pilar fundamental
Finalmente, Carlos Hernán Rodríguez advirtió que la falta de claridad en la información financiera dificulta significativamente el ejercicio del control fiscal. "Si una entidad no entrega sus estados financieros, resulta imposible auditarla correctamente. La transparencia es fundamental", sostuvo el contralor general.
El funcionario indicó que la Superintendencia actúa como organismo de inspección, control y vigilancia, pero no coadministra las entidades intervenidas, por lo que cada institución debe responder dentro de sus competencias específicas. Esta distinción resulta crucial para comprender los límites y alcances de los diferentes organismos de control del Estado.
