Contraloría General advierte sobre graves deficiencias en decretos de emergencia del gobierno Petro
La Contraloría General de la República emitió una alerta pública sobre vacios significativos en la estructuración, articulación y ejecución de los 18 decretos expedidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro dentro de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Exigencias de soporte y revisión normativa
El órgano de control solicitó formalmente a la administración nacional y a las entidades responsables de la gestión de emergencia que revisen con rigor la implementación de estos decretos conforme a la normatividad vigente. Específicamente, la Contraloría consideró necesario que el Gobierno "revise y aplique correctamente" los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012, que estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La entidad encontró que el contenido de varios decretos no se ajusta adecuadamente a la normativa actual, generando preocupaciones sobre su legalidad y efectividad.
Riesgos en la reorientación de recursos
Entre las principales advertencias, la Contraloría destacó los riesgos derivados de la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos. Esta medida podría generar impactos negativos en la financiación, ejecución y continuidad de programas que ya están en marcha, por lo que el organismo pidió que estas decisiones se tomen con "el debido rigor jurídico y técnico".
La entidad también recomendó establecer desde ahora la forma y oportunidad en que serán reembolsados los recursos trasladados temporalmente desde otros sectores, especialmente a medida que ingresen los fondos provenientes de los nuevos impuestos creados durante la emergencia.
Cuestionamientos específicos a medidas gubernamentales
La Contraloría manifestó especial preocupación por varios aspectos concretos de los decretos:
- Traslado de recursos del sector eléctrico: Cuestionó el traslado excepcional de recursos desde fondos del sector eléctrico hacia la Unidad Nacional de Riesgo de Desastres (UNGRD), señalando que esta entidad "no tiene la experticia ni estructura organizacional" para gestionar obras de la complejidad requerida.
- Ampliación de facultades contractuales: Criticó que se amplíen facultades contractuales o se creen nuevos tributos sin que previamente las entidades ejecutoras fortalezcan su capacidad de gestión e inversión.
- Modificación de operación de embalses: Alertó sobre el riesgo de modificar unilateralmente la operación de embalses hidroeléctricos sin rigor técnico, lo que podría generar incumplimientos contractuales y afectaciones tarifarias.
Preocupaciones sobre nuevos impuestos y focalización
La Contraloría advirtió que debe manejarse con extrema precaución la decisión del Gobierno de crear nuevos impuestos con los que se espera recaudar hasta $8,68 billones. Estos recursos, según la entidad, deben destinarse exclusivamente a atender las afectaciones causadas por la emergencia invernal en los ocho departamentos incluidos en la declaratoria.
El organismo subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así como los mecanismos de control relacionados con el recaudo del impuesto al patrimonio y del impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar operados por internet.
Además, hizo un llamado a mejorar los mecanismos de focalización, verificación y depuración de información en la asignación de apoyos extraordinarios, con el fin de evitar errores en la identificación de beneficiarios y duplicidades en transferencias.
Plan de vigilancia fiscal y exigencias de transparencia
Como parte de su plan de vigilancia fiscal, la Contraloría anunció que solicitará al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a otros ministerios los soportes que justifican la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones, así como los criterios utilizados para su distribución entre entidades y sectores afectados.
Finalmente, el organismo reiteró que el país "está en mora de aplicar correctamente" todos los mecanismos de prevención y atención de desastres previstos en la normatividad vigente, y aseguró que continuará ejerciendo vigilancia preventiva para salvaguardar el patrimonio público y garantizar que los recursos cumplan efectivamente con sus fines previstos.
