La Contraloría de Bogotá ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 313.276 millones de pesos relacionado con el proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira. Este proyecto, que debía generar energía limpia, fue suspendido de manera indefinida en mayo de 2023 sin haber entrado en operación, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos distritales involucrados.
Detalles del proceso fiscal
El organismo de control distrital abrió el proceso tras una indagación preliminar que evidenció fallas en la planeación, ejecución y toma de decisiones del proyecto. Según el boletín oficial, se ejecutaron recursos sin que las obras alcanzaran los resultados previstos ni se materializara la entrada en operación de la iniciativa. La Contraloría de Bogotá tiene competencia en este caso debido a la participación del Distrito Capital en Enel Colombia S.A. E.S.P., empresa propietaria del proyecto.
Avance insuficiente del proyecto
La investigación revela que, a marzo de 2022, el avance reportado era de apenas 29,6%, por debajo del 33,7% esperado. Esta diferencia refleja que las obras no progresaban al ritmo programado. Además, se identificaron retrasos en los licenciamientos que afectaron la ejecución y generaron mayores costos. Para el momento de la suspensión, solo se habían construido 7 de las 41 cimentaciones previstas, y no se habían instalado los aerogeneradores necesarios para su funcionamiento.
Presunto detrimento patrimonial
El presunto detrimento patrimonial asciende a 313.276 millones de pesos, según la Contraloría. Este monto incluye los recursos ejecutados en el proyecto que no lograron el propósito para el cual fueron destinados. La infraestructura y los equipos adquiridos no están generando el servicio energético previsto, lo que constituye una presunta afectación al patrimonio público distrital.
Declaraciones del contralor
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, señaló: “Estamos frente a un caso en el que se comprometieron recursos importantes sin que el proyecto cumpliera, hasta el momento, el propósito para el cual fue concebido”. Esta frase resume el núcleo de la investigación: recursos ejecutados, obras parciales, equipos sin uso y una operación energética que no se concretó.
Implicaciones y próximos pasos
Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría busca determinar los elementos de dicha responsabilidad e identificar a quienes participaron en la planeación, ejecución y toma de decisiones del proyecto. Esta etapa no equivale a una decisión final sobre responsabilidad, pero marca el inicio formal de una actuación fiscal orientada a esclarecer qué ocurrió con los recursos y la gestión de la iniciativa.
El caso abre una discusión sobre el control fiscal en proyectos energéticos de gran escala, especialmente cuando hay participación de recursos públicos. La Contraloría no solo cuestiona el atraso de las obras, sino la relación entre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos. En esa línea, el proceso buscará establecer si las decisiones tomadas durante la planeación y ejecución ocasionaron una afectación al patrimonio público distrital.
Por ahora, el organismo de control avanzará en la identificación de los responsables y en la revisión de los hechos que llevaron a la suspensión del proyecto. Windpeshi queda así bajo una investigación fiscal de alto impacto económico, en la que se evaluará cómo una iniciativa energética con recursos comprometidos terminó sin operación, con equipos almacenados y con una presunta afectación patrimonial superior a 313.000 millones de pesos.
