Grupo Energía Bogotá solicita intervención de Procuraduría ante riesgo de politización en Electrificadora del Meta
El Grupo Energía Bogotá (GEB) ha realizado un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación para que ejerza vigilancia preventiva sobre el proceso de reforma estatutaria de la Electrificadora del Meta (Emsa). La entidad, en su condición de accionista minoritario, advierte que los cambios promovidos por el Ministerio de Hacienda del gobierno Petro podrían configurar un abuso de poder societario y un retroceso significativo en el gobierno corporativo de esta empresa estratégica para el servicio eléctrico regional.
Alerta por eliminación de mecanismos de mérito
En una carta dirigida a la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega, manifestó que la propuesta de reforma que será sometida a votación este 25 de marzo de 2026 "contraría los principios de transparencia, objetividad, neutralidad y moralidad administrativa". El documento señala específicamente:
- La reversión de mecanismos de selección basados en mérito para integrar la junta directiva
- La eliminación de procedimientos objetivos para la designación del gerente general
- La posibilidad de incluir miembros que no cumplirían requisitos mínimos de idoneidad
Según el GEB, esta reforma representa un ejercicio abusivo de la posición mayoritaria del accionista estatal, que concentra decisiones estratégicas y altera reglas que protegían los derechos de los accionistas minoritarios.
Preocupaciones sobre la calidad técnica y conflictos de interés
La carta del GEB destaca varios puntos críticos que, en su concepto, debilitarían la arquitectura de gobierno corporativo construida en los últimos años:
- Excepción de requisitos para representantes territoriales: La propuesta exceptuaría a estos representantes del cumplimiento de los requisitos exigidos a otros miembros de la Junta Directiva, lo que según el GEB debilita la calidad técnica del máximo órgano de administración.
- Incorporación de representante de trabajadores: Similar a lo ocurrido en Ecopetrol, se plantea incluir un representante de los trabajadores con voz y voto, sin definir reglas claras para prevenir conflictos de interés.
- Eliminación de firmas especializadas: Se eliminaría el requisito de seleccionar al gerente general mediante firmas especializadas en búsqueda de talento, dejando la designación completamente en manos del accionista mayoritario.
El GEB advierte que estas modificaciones "ponen en riesgo la independencia" que había permitido alejar a la empresa de dinámicas clientelistas que en el pasado derivaron en investigaciones y afectaron la estabilidad institucional.
Implicaciones para el servicio público y desarrollo regional
Más allá del debate societario, el GEB subraya que Emsa cumple un papel esencial en la prestación del servicio público de energía eléctrica en el Meta y departamentos aledaños. Cualquier debilitamiento del gobierno corporativo tendría implicaciones directas sobre:
- La continuidad, eficiencia y calidad del servicio eléctrico
- La estabilidad financiera de la empresa
- El desarrollo regional que depende de esta infraestructura crítica
La carta a la Procuraduría advierte que transformaciones estatutarias regresivas pueden comprometer el cumplimiento del deber constitucional del Estado de garantizar servicios públicos eficientes y oportunos.
Solicitud formal de vigilancia preventiva
Por estas razones, el GEB solicitó formalmente y con premura que la Procuraduría ejerza vigilancia preventiva sobre el proceso de reforma y, de ser necesario, investigue la conducta de los funcionarios públicos que promuevan cambios contrarios a:
- La moralidad administrativa
- La legislación vigente
- Los estándares internacionales de gobierno corporativo adoptados por Colombia
El documento añade que resulta "inaceptable" que un modelo de gestión que ha demostrado eficacia, transparencia y rectitud sea puesto en riesgo por una reforma unilateral del accionista mayoritario. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre control estatal y gobierno corporativo en empresas públicas estratégicas, un debate que ha afectado también a otras entidades como Ecopetrol e ISA.
