Procuraduría solicita suspensión urgente de contratos para pasaportes por irregularidades
En medio del despliegue oficial del Gobierno Nacional para presentar la transición hacia un modelo renovado de expedición de documentos de viaje, un nuevo frente jurídico amenaza con detener completamente el proceso. Lo que para el Ejecutivo representa un hito en soberanía documental, para los organismos de control se ha convertido en un expediente crítico que cuestiona la transparencia en la administración de recursos públicos.
Contratos bajo escrutinio judicial
La implementación del nuevo esquema de pasaportes, que comenzó con altas expectativas de eficiencia, se encuentra ahora bajo la lupa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La atención se centra en la validez de las alianzas estratégicas establecidas para garantizar la producción de las libretas, un tema que ha mantenido en vilo a ciudadanos y sectores jurídicos durante los últimos meses.
Irregularidades detectadas en contratación directa
La Procuraduría General de la Nación ha radicado formalmente una petición ante el mencionado tribunal solicitando, con carácter de urgencia, la suspensión de los efectos de los contratos suscritos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, así como el convenio derivado entre esta última y la Casa de la Moneda de Portugal. Según el Ministerio Público, el andamiaje contractual presenta vicios de fondo que no pueden ser ignorados por la justicia administrativa.
El ente de control sostiene que la elección de la Casa de la Moneda de Portugal careció de un estudio de mercado previo que justificara la necesidad de acudir a una contratación directa. Uno de los puntos más controvertidos radica en la naturaleza jurídica de la entidad portuguesa; la Procuraduría advierte que no puede catalogarse como una entidad pública extranjera bajo los parámetros requeridos, ya que opera bajo la estructura de una empresa en su país de origen.
Además, se han reportado inconsistencias técnicas en la fijación de vigencias futuras y en los procedimientos para realizar pagos en moneda extranjera, lo que aumenta las preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
Intermediación y falta de capacidad operativa
Tras una visita preventiva realizada el 6 de agosto de 2025, el órgano de control pudo constatar una realidad preocupante: la Imprenta Nacional de Colombia no estaría ejecutando las actividades sustanciales del convenio. En la práctica, la entidad estaría funcionando como una simple intermediaria entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el proveedor portugués, limitando su labor únicamente a la personalización de las libretas.
Para la Procuraduría, esta subcontratación "desnaturaliza completamente la figura del convenio interadministrativo". El argumento central es que el Fondo Rotatorio del Ministerio debió haber seleccionado a su contratista mediante un proceso competitivo y abierto, permitiendo la participación de diversos operadores del mercado con capacidad acreditada.
La entidad enfatiza que, de no suspenderse el proceso, la ejecución diaria de estos convenios hará que sea cada vez más difícil para los jueces restaurar el orden jurídico y proteger el patrimonio estatal. La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca será crucial para determinar el futuro del nuevo modelo de pasaportes en Colombia.
