Procuraduría inicia investigación disciplinaria contra directora de la Anla por gestión de Urrá
La Procuraduría General de la Nación ha abierto formalmente una investigación disciplinaria en contra de Irene Vélez, quien se desempeña como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y ministra encargada de Ambiente. La investigación se centra en presuntas fallas en las labores de vigilancia y control sobre las operaciones de la hidroeléctrica Urrá, especialmente en el contexto de las graves inundaciones que afectaron los departamentos de Córdoba y Sucre durante el pasado mes de febrero.
Las inundaciones como riesgo conocido
El ministerio público ha argumentado de manera contundente que la emergencia por las inundaciones en la cuenca del río Sinú no puede considerarse como un evento imprevisible. Según la Procuraduría, los hechos y la evidencia documental disponible apuntan claramente a que se trató de la materialización de un riesgo conocido, derivado de lo que parece haber sido una práctica sistemática de incumplimientos.
Al respecto, las autoridades han señalado que se habría presentado una operación negligente por parte de Urrá, con evidentes incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental de la hidroeléctrica. "Esta situación habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, lo que supone una priorización de la generación de energía eléctrica por encima de la regulación de los caudales para evitar inundaciones", explicaron fuentes oficiales, añadiendo que también se habría fallado en la gestión del riesgo de desastres.
Niveles del embalse por encima de lo permitido
La Procuraduría ha señalado que esta priorización indebida fue particularmente evidente en los niveles del embalse, los cuales se mantuvieron consistentemente por encima de la Curva Guía Máxima establecida por la Comisión Nacional de Operaciones. Sobre el papel específico de la Anla en este caso, la entidad habría fallado en sus labores fundamentales de vigilancia y control debido a lo que califican como una intervención tardía "frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados y conocidos".
Más funcionarios bajo investigación
Los señalamientos en contra de Vélez se extienden también a Camilo Alexander Rincón, subdirector de Seguimiento de Licencias Ambientales de la Anla. Las imputaciones contra ambos funcionarios están relacionadas con una presunta inobservancia del deber de control y seguimiento oportunos al presunto incumplimiento de la Curva Guía Máxima por parte de Urrá desde el año 2024.
Adicionalmente, se investiga un presunto retraso por parte de la autoridad ambiental en expedir el Auto 11905 del 30 de diciembre de 2025, documento que contenía la actualización de parámetros técnicos de los volúmenes del embalse, información crucial para la prevención de desastres.
Otras figuras incluidas en esta investigación disciplinaria son:
- Yanod Márquez, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
- Omar Camilo López, superintendente Delegado de Energía y Gas Combustible
Ambos enfrentan investigaciones por presuntas omisiones en las obligaciones de vigilancia y control sobre las operaciones de la hidroeléctrica Urrá, en un caso que ha dejado profundas secuelas en las comunidades afectadas por las inundaciones.
Impacto humano de las fallas
Es importante destacar que estas presuntas fallas en la vigilancia y control de Urrá ocurrieron en el contexto de inundaciones que afectaron a aproximadamente 200.000 personas en los departamentos de Córdoba y Sucre. Las comunidades ribereñas del río Sinú enfrentaron pérdidas materiales significativas y graves afectaciones a sus medios de subsistencia, situación que según la Procuraduría pudo haberse mitigado con una adecuada supervisión de las operaciones de la hidroeléctrica.
La investigación de la Procuraduría busca establecer responsabilidades específicas y determinar si efectivamente existieron omisiones en el cumplimiento de los deberes de vigilancia ambiental que correspondían a los funcionarios investigados, en un caso que pone en evidencia las complejas relaciones entre el desarrollo energético y la protección ambiental en Colombia.
