La crisis de independencia en las superintendencias colombianas
Los recientes requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio a diversos empresarios nacionales sobre sus estructuras de costos y márgenes de utilidad han encendido las alarmas sobre el fantasma del control de precios y, más profundamente, sobre el diseño institucional defectuoso de las superintendencias en Colombia. Este episodio revela una necesidad urgente: estas entidades requieren independencia suficiente para garantizar el debido ejercicio de sus funciones constitucionales y el logro de sus objetivos fundamentales.
Historia de recomendaciones desatendidas
Durante décadas, gobiernos de derecha y centroderecha han ignorado sistemáticamente los llamados de la academia y organismos multilaterales para otorgar autonomía real a las superintendencias. Ya en 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendaba específicamente: "Poner en práctica una reglamentación de calidad y avanzar hacia un enfoque de gobernanza regulatoria, reforzando la autonomía, la responsabilidad y la protección jurídica de los organismos de reglamentación y de las superintendencias".
Estas recomendaciones fueron desatendidas tanto por los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque como por administraciones anteriores. Sorprendentemente, el sector empresarial colombiano tampoco acompañó estas iniciativas, quizás confiando en que los designados por el Gobierno nacional siempre serían personas con calidades técnicas y solvencia moral suficientes para mantener cierta independencia del Ejecutivo.
El deterioro progresivo del perfil técnico
A lo largo de las tres décadas y media transcurridas desde la Constitución de 1991, Colombia ha experimentado un deterioro gradual en el perfil de quienes ocupan las superintendencias. Si bien hubo excepciones notables en las superintendencias de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades, la mayoría de estos cargos estratégicos han recaído en personas con conocimientos técnicos insuficientes para liderar organizaciones tan complejas.
La situación actual representa un punto crítico en este declive. El Gobierno actual ha designado sistemáticamente a personas con conocimiento limitado o nulo sobre estas organizaciones y sus áreas de especialización. Estos individuos han instrumentalizado las entidades para cumplir deseos presidenciales mientras avanzan en su desmantelamiento progresivo.
Consecuencias alarmantes del debilitamiento institucional
El resultado de esta política de designaciones es profundamente preocupante:
- Entidades debilitadas técnicamente en su capacidad regulatoria
- Cientos de funcionarios idóneos con experiencia comprobada despedidos injustificadamente
- Intervenciones ilegales con ánimo expropiatorio cuyos costos afectarán la economía por años
- Investigaciones que parecen tener como único propósito intimidar al sector empresarial legítimo
- Pérdida generalizada de confianza y credibilidad en nuestro sistema jurídico e institucional
La concentración peligrosa de poder
No enfrentamos un problema menor. Las superintendencias, por su estructura organizacional, capacidad operativa, número de funcionarios y competencias asignadas, representan entidades con concentración extraordinaria de poder. Esta concentración abarca no solo el ámbito administrativo tradicional, sino también el judicial, tras la concesión de facultades jurisdiccionales hace algunos años.
Esta situación ha creado un escenario donde controversias de suma importancia para el sector empresarial nacional -en áreas como consumo, competencia, sociedades e insolvencia- son decididas por "jueces" designados políticamente, erosionando gravemente la independencia de la Rama Judicial colombiana.
Camino hacia la reforma institucional
Es imperativo retomar con urgencia la discusión sobre el diseño institucional de las superintendencias. Se requiere implementar medidas concretas que garanticen:
- Independencia real del Ejecutivo en sus procesos de designación y operación
- Mecanismos transparentes de selección basados en méritos técnicos comprobables
- Fortalecimiento de sus capacidades técnicas y operativas
- Protección contra la instrumentalización política o ideológica
El objetivo final debe ser contar con organizaciones técnicas que velen, más allá de las ideologías políticas de turno, por los derechos ciudadanos fundamentales sin maltratar injustificadamente al empresario colombiano. Necesitamos entidades que no se rindan a los deseos del Ejecutivo sino que cumplan con rigor sus funciones constitucionales y legales.
La credibilidad institucional de Colombia depende en gran medida de que resolvamos este desafío estructural. Las superintendencias deben transformarse de instrumentos políticos en guardianes técnicos de la regulación económica, un cambio que beneficiaría tanto a los ciudadanos como al sector empresarial responsable.
