Gobierno firmó más de 80.000 contratos bajo figura declarada inconstitucional por la Corte
En plena campaña electoral y a pocas semanas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, una investigación periodística puso bajo la lupa una práctica que organismos de control, gremios de la construcción y la propia Corte Constitucional habían señalado como una amenaza para la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Una modalidad cuestionada desde su creación
La investigación, sustentada en la respuesta a un derecho de petición presentado ante Colombia Compra Eficiente, reveló que el Gobierno Nacional suscribió 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos y resguardos, a través de la figura de contratación directa conocida como Asociaciones Público-Populares.
Esta modalidad fue creada mediante los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, pero fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que el Ejecutivo se extralimitó en sus competencias y desconoció las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en materia de contratación pública.
Contratación billonaria que ignoró el fallo judicial
A pesar del fallo de la Corte, el gobierno continuó ejecutando contratos bajo esa figura. Según los registros de Colombia Compra Eficiente:
- Más de 25 billones de pesos fueron adjudicados en 55.434 contratos con asociaciones comunales
- Más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios
- Más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos
- Más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos
- Más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal
- Más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas
El total supera los 31 billones de pesos, una cifra astronómica que ha encendido las alarmas sobre la forma en que la actual administración ha canalizado recursos estatales hacia organizaciones de base comunitaria.
Bajísimo nivel de ejecución y alertas de corrupción
Lo que más preocupa a los organismos de control no es solo el volumen de los recursos comprometidos, sino el bajísimo nivel de ejecución que registran esos contratos:
- De los 55.434 acuerdos firmados con asociaciones comunales, únicamente 7.309 aparecen como terminados (13% del total)
- En el caso de los cabildos, solo 165 contratos por 137.000 millones han sido finalizados
- Los consejos comunitarios registran poco más de 1.000 contratos concluidos
- Las juntas de acción comunal reportan 539 por 22.000 millones
- Los cabildos indígenas, apenas 48 por 17.000 millones
- Los resguardos, 214 por 448.000 millones
La mayoría de los compromisos permanece en estados de celebrado, modificado o en ejecución, lo que genera serias dudas sobre la efectividad de esta modalidad de contratación.
Advertencias materializadas y fracaso en infraestructura
Las advertencias sobre este modelo de contratación no son nuevas. Desde 2023, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, alertó que concentrar la ejecución de obras públicas en organizaciones sin experiencia técnica:
- Favorecería la corrupción
- Perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería regionales
- Derivaría en la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes
- Pondría en riesgo la calidad y terminación de las obras
Esos temores se materializaron. Un informe de la Contraloría General de la República sobre la política de Caminos para la Paz, que utilizó masivamente esta modalidad de contratación directa, determinó que el programa fracasó. De los 33.000 kilómetros de vías rurales prometidos, apenas se habían construido 2.387 kilómetros hacia 2025, equivalentes al 7 por ciento de la meta.
Alerta máxima en año electoral
La situación se agravó durante el primer trimestre de 2026. La Contraloría emitió alertas ante la firma de más de 500.000 contratos directos por un valor de 32,88 billones de pesos solo en enero, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
Esta cifra superó ampliamente los niveles registrados en periodos comparables de años anteriores y encendió las alarmas sobre el uso político de la contratación estatal en un año de elecciones presidenciales, en el que el propio presidente Gustavo Petro ha participado activamente en la campaña para definir a su sucesor en la Casa de Nariño.
Frente a este panorama, la Procuraduría General de la Nación había defendido la figura ante la Corte en mayo de 2025, argumentando que flexibilizar la contratación para potenciar la economía popular resulta razonable. Sin embargo, el alto tribunal no compartió ese criterio y declaró la inconstitucionalidad de los artículos, un fallo que el Ejecutivo, según los registros de contratación, no detuvo en la práctica.
