Transparencia por Colombia lanzó una alerta sobre las propuestas anticorrupción de las principales campañas presidenciales para 2026, señalando que, aunque existe consenso sobre la gravedad del problema, muchas iniciativas siguen siendo generales y carecen de metas concretas, responsables claros, presupuesto definido y mecanismos reales de ejecución.
Análisis de los programas de gobierno
El análisis revisó los programas de gobierno de cinco candidaturas con mayor intención de voto: Iván Cepeda Castro, Claudia López Hernández, Paloma Valencia Laserna, Sergio Fajardo Valderrama y Abelardo de la Espriella. Se encontraron coincidencias en temas como reducción de impunidad, fortalecimiento del control ciudadano, digitalización estatal y vigilancia sobre contratación pública.
Deterioro en indicadores de corrupción
Según el informe, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional bajó de 40 puntos en 2023 a 37 puntos en 2025, mientras el indicador de ausencia de corrupción del World Justice Project cayó de 43 puntos en 2015 a 39 puntos en 2025.
Enfoques diferenciados
Iván Cepeda plantea la corrupción como macrocorrupción y captura institucional, proponiendo una unidad nacional especializada. Sergio Fajardo la define como problema de seguridad nacional y propone una nueva agencia anticorrupción. Claudia López relaciona la corrupción con el centralismo y propone una Fiscalía Antimafia. Paloma Valencia apuesta por trazabilidad total de contratos mediante blockchain e inteligencia artificial. Abelardo de la Espriella plantea un Bloque Anticorrupción liderado desde Presidencia.
Riesgos y falta de viabilidad
Transparencia por Colombia enfatiza que varias propuestas dependen de reformas constitucionales o cambios judiciales, lo que aumenta el riesgo de que queden en el plano discursivo. La organización alertó sobre posibles riesgos institucionales y pidió preservar la independencia judicial y la separación de poderes.
Uso de tecnología y control ciudadano
Las campañas coinciden en el uso de herramientas tecnológicas como blockchain, inteligencia artificial e interoperabilidad de información para mejorar la transparencia. Sin embargo, persisten vacíos en financiamiento de campañas, protección a denunciantes y territorialización de la lucha anticorrupción.
El documento concluye que la lucha contra la corrupción necesita liderazgo político desde el más alto nivel, pero también diseños técnicos viables y concretos.
