América sin avances en corrupción: informe alerta impacto en violencia y servicios públicos
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional el pasado 10 de febrero en Berlín, revela un preocupante estancamiento en la lucha contra la corrupción en la región de las Américas. La puntuación promedio se mantiene en 42 sobre 100, sin mejoras significativas durante más de una década.
Estancamiento regional y avance del crimen organizado
Desde 2012, doce de los treinta y tres países evaluados en la región han experimentado retrocesos significativos en sus puntuaciones. Solo República Dominicana y Guyana muestran mejoras destacadas, mientras la mayoría permanece estancada o en declive.
El informe señala que la corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado transnacional en estructuras políticas de países como México, Brasil y Colombia. Esta situación ha derivado en mayores niveles de impunidad y un debilitamiento sistemático del Estado de derecho.
Incluso naciones con mejores resultados relativos, como Costa Rica y Uruguay, enfrentan dinámicas de violencia vinculadas a redes criminales que operan aprovechando vacíos institucionales. En contraste, países con estructuras estatales debilitadas, como Nicaragua y Haití, presentan niveles persistentes de corrupción estructural y control por parte de redes ilícitas.
Impacto directo en servicios públicos y población vulnerable
La corrupción en servicios públicos tiene consecuencias directas y graves en la población, particularmente en sectores vulnerables. En Perú, la fiscalía investiga presuntos sobornos en un programa de alimentación escolar destinado a evitar controles sanitarios, lo que habría derivado en la distribución de alimentos contaminados.
En Argentina, se desarrollan investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de fondos destinados a medicamentos para personas con discapacidad, exponiendo riesgos similares en la atención de grupos vulnerables.
El caso de Venezuela refleja un escenario de deterioro prolongado, donde la corrupción generalizada y actividades ilícitas han incidido directamente en el aumento de la pobreza y la desnutrición. Según el informe, millones de familias enfrentan dificultades extremas para acceder a alimentos básicos, agua potable y electricidad.
Restricciones cívicas y debilitamiento del control institucional
El reporte también advierte sobre la reducción del espacio cívico en varios países de la región, lo que limita severamente la supervisión independiente y la rendición de cuentas. En El Salvador, las restricciones a organizaciones de la sociedad civil han reducido su capacidad de monitorear la gestión pública.
En Guyana, el informe menciona episodios de acoso e intimidación contra medios de comunicación y organizaciones civiles, afectando la capacidad ciudadana para vigilar el uso de recursos, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.
Países como Ecuador y El Salvador registran retrocesos significativos en transparencia y libertades cívicas, asociados a normativas que restringen el acceso a financiamiento para organizaciones no gubernamentales y generan obstáculos sistemáticos para su operación.
Posicionamiento regional y llamado a la acción
En el ranking regional, Canadá, Uruguay y Barbados encabezan la lista con las puntuaciones más altas, mientras Venezuela, Nicaragua y Haití ocupan los últimos lugares, reflejando contextos de instituciones frágiles y altos niveles de represión.
Estados Unidos continúa su tendencia a la baja y registra su peor puntuación histórica, en un contexto de preocupaciones sobre la independencia judicial y medidas recientes que han generado cuestionamientos en materia de transparencia.
Luciana Torchiaro, asesora regional de Transparencia Internacional, afirmó: "Para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia al crimen organizado, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción en su agenda".
La representante agregó que "es necesario proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y hacer cumplir la ley a través de un poder judicial fuerte e independiente", además de fortalecer la cooperación internacional para investigar y sancionar casos transnacionales.
El informe concluye que la falta de avances sostenidos durante más de una década ha permitido el deterioro institucional, el fortalecimiento del crimen organizado transnacional y un impacto directo en la vida cotidiana de la población, especialmente en materia de derechos humanos, acceso a servicios públicos y seguridad ciudadana.
