Juez envía a prisión a nueve presuntos integrantes de la red de corrupción de Aremca
Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la detención intramuros de nueve personas señaladas como presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), organización que habría desviado cerca de COP 496.000 millones del Sistema General de Regalías. Entre los procesados se encuentran el exrepresentante legal Gustavo Bolaño Pastrana, las representantes legales Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar, así como Luis Alfredo Soto Caraballo, quien fungía como enlace con terceros.
Contratos irregulares y empresas fachada
Según la investigación de la Fiscalía, entre 2020 y 2026 la asociación suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías para ejecutar obras civiles, proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Sin embargo, los recursos habrían sido desviados mediante subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas vinculadas a la organización, desconociendo las normas de contratación pública. La Fiscalía les imputó delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con el ente acusador, los contratos se adjudicaban mediante procedimientos irregulares sustentados en manuales internos, sin estudios previos suficientes y con presunto direccionamiento de contratistas a través de listas cerradas de proveedores. También se detectaron vinculaciones por prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.
Actuación fuera de la región Caribe
La investigación señala que Aremca habría ejecutado contratos en departamentos distintos a la región Caribe, pese a que sus estatutos limitaban su ámbito de actuación a esa zona del país. Las actividades se extendieron a territorios como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander. Esto evidencia una presunta violación de las restricciones estatutarias.
Enriquecimiento ilícito y otras irregularidades
La Fiscalía estableció que en 23 contratos se habría generado un enriquecimiento ilícito cercano a COP 14.235 millones en favor de contratistas. Adicionalmente, se investigan posibles apropiaciones indebidas de recursos relacionadas con anticipos contractuales, así como presuntas irregularidades por el no cobro de COP 6.913 millones en impuestos territoriales y la omisión de retenciones por cerca de COP 14.000 millones correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
