Un tribunal penal militar condenó a dos soldados regulares por la venta ilegal de armamento oficial a integrantes de un grupo armado en Jamundí, Valle del Cauca, a cambio de 30 millones de pesos. Los uniformados, adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3, sustrajeron un fusil, un proveedor y 35 cartuchos de uso oficial. El hecho ocurrió el 31 de marzo de 2026 y fue detectado tras la intervención de la Fiscalía Penal Militar y Policial.
La sentencia impuso una pena de 42 meses de prisión para cada soldado, sin beneficio de ejecución condicional. Además, se decretó la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo periodo y la separación absoluta de la Fuerza Pública. La transacción se concretó por 30 millones de pesos con miembros de una estructura armada organizada de la región.
Los juzgados 1203 y 1204 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado dictaron la condena por los delitos de hurto de armas y bienes de defensa. El proceso penal avanzó en menos de un mes y concluyó con la judicialización de los responsables. La captura se produjo tras una medida de aseguramiento del Juzgado 1718 Penal Militar y Policial de Control de Garantías, y el Juzgado 1715 legalizó las capturas.
La Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial recopiló pruebas como testimonios y registros que demostraron la venta de material de guerra. Los soldados fueron retirados definitivamente de sus funciones. El caso ocurre en medio de un aumento de atentados en el Valle del Cauca atribuidos a estructuras armadas ilegales, lo que mantiene en alerta a autoridades y población civil.
La Fuerza Pública reiteró su compromiso con la transparencia y la colaboración con los entes judiciales para evitar la filtración de armamento. En abril de 2026, el Ejército reportó otro incidente en Briceño, Antioquia, donde dos soldados abandonaron sin autorización su batallón y, tras consumir alcohol, un militar usó su arma para lesionar a un menor de edad. La institución abrió investigaciones disciplinarias y rechazó la agresión.
