Los pecados de los candidatos al Congreso: corrupción, acoso y clanes políticos
Sin importar los escándalos o las investigaciones que pesen sobre ellos, decenas de candidatos con procesos abiertos por corrupción, cuestionamientos disciplinarios y apellidos que arrastran décadas en el poder regional buscan heredar una curul en las próximas elecciones al Congreso de la República.
El peso de la Ungrd y otros escándalos
Indiscutiblemente, el mayor peso que cargarán ciertos aspirantes a la Cámara y el Senado es el haber aparecido entre los señalados por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), uno de los entramados de corrupción más grandes en la historia reciente de Colombia.
Entre los implicados se encuentran:
- Berenice Bedoya, senadora del Partido ASI, acusada por presuntas gestiones ante la Ungrd relacionadas con el direccionamiento de proyectos de infraestructura.
- Julio Elías Chagüi, senador de la U, mencionado en la audiencia de imputación de exministros por canalizar la compra de apoyo en la Comisión Primera del Senado.
- Wadith Manzur, representante a la Cámara conservador, investigado por la Corte Suprema de Justicia por posibles presiones para asignar un contrato de cerca de $50.000 millones en Córdoba.
- Martha Peralta, senadora de Mais, señalada por la Fiscalía de influir en el direccionamiento de un contrato por $2.170 millones en La Guajira.
Los cuatro congresistas tienen una demanda de pérdida de investidura en su contra ante el Consejo de Estado.
Más candidatos envueltos en polémica
Otro candidato que está envuelto en la controversia es el aspirante al Senado por Fuerza Ciudadana Alexánder Angulo, acusado de ser cercano a los encarcelados Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo de la Ungrd.
En el Partido ASI, además de Bedoya, tres candidatos están siendo investigados por posibles malos manejos en la Unidad de Víctimas:
- El senador Gustavo Moreno, vinculado a un presunto carrusel de contratación.
- El senador y candidato Jairo Castellanos, cuyo esquema de seguridad sufrió un brutal atentado recientemente.
- El candidato a la Cámara Erwin Jiménez.
Los clanes políticos que persisten
A la antigua usanza, los tarjetones del 8 de marzo tendrán algunos apellidos conocidos en el país como Char, Gnecco y Besaile, que quieren seguir participando de la política nacional.
Algunos de los nombres promovidos por los Char que tendrían más opciones incluyen exconcejales, exdiputados e incluso influencers. Uno de los candidatos 'protegidos' de esa familia sería César Lorduy, exmagistrado del CNE que aspira al Senado por Cambio Radical y denunciado por solicitar $500 millones a cambio de no anular una candidatura, con insinuaciones de tono sexual.
Los Gnecco tampoco se quedaron sin candidato, ya que Alfredo Gnecco, hijo del fallecido exgobernador del Cesar Lucas Gnecco y sobrino de Jorge Gnecco (señalado por vínculos con el paramilitarismo), se lanzó al Senado por la U.
Cuestionamientos que cruzan todo el espectro político
Sin importar el color político de los partidos, los cuestionamientos y los procesos rondan a más políticos que buscan ocupar una curul:
- Alex Flórez, actual senador del Pacto Histórico, investigado en la Corte Suprema por presunta violencia intrafamiliar agravada y por agredir a un policía en Cartagena mientras estaba borracho.
- David Racero, también senador por el Pacto Histórico, investigado por el posible uso irregular de trabajadores en su negocio personal y por ejercer presiones para pagos de salarios.
- Gorky Muñoz, destituido e inhabilitado alcalde de Neiva, imputado por irregularidades en la contratación durante su administración, ahora candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario.
- José Vicente Carreño, en la lista al Senado por el Centro Democrático, investigado por la desaparición forzada de Alejandro Santiesteban en Arauca cuando era policía.
¿Por qué los ciudadanos siguen votando por políticos cuestionados?
Según el análisis de Néstor Raúl Quiroz, profesor e investigador universitario, este fenómeno no puede explicarse como simple ignorancia del elector, sino como resultado de una convergencia de fallas estructurales:
- Desigualdad y clientelismo
- Debilidad institucional
- Pobreza cognitiva del debate público
- Captura del conocimiento democrático
"En algunas regiones de Colombia, el acceso a bienes básicos como empleo, salud, contratos y seguridad está mediado por redes políticas locales", explica Quiroz. "Los aspirantes investigados o herederos de clanes conservan poder porque distribuyen recursos y garantizan soluciones inmediatas donde el Estado y la gobernabilidad son débiles".
La politóloga Nury Gómez añade que la política como herencia funciona como una 'marca registrada', donde el apellido representa maquinaria electoral, recursos económicos, estructuras clientelares y conexiones con el Estado. Además, la frase exculpatoria de 'sí, roba, pero hace' se da cuando alguien simpatiza ideológicamente con un candidato.
La normalización de la corrupción y la responsabilidad de los partidos
Los analistas coinciden en que la ciudadanía ha empezado a normalizar que los políticos tengan investigaciones sin resolverse, lo que genera una adaptación moral. "Si todos son investigados, deja de ser un diferencial", comenta Gómez.
"En Colombia, los procesos judiciales contra políticos son percibidos como 'parte del juego', no como un límite ético", señala Quiroz. "Esta lógica erosiona la idea misma de responsabilidad pública y permite que el poder se reproduzca incluso bajo sospecha permanente".
Sobre la responsabilidad de los partidos al respaldar a personas cuestionadas, el docente indica que el aval se convierte en una transacción instrumental donde las colectividades "no evalúan la idoneidad ética o jurídica del candidato, sino su capacidad de ganar elecciones, movilizar votos y financiar campañas".
"Mientras la política siga operando bajo esas lógicas, los aspirantes cuestionados seguirán siendo elegidos, no por legitimidad ética, sino por funcionalidad dentro de un sistema que ha normalizado la excepción como regla", concluye Quiroz.
