Congresistas reelectos se entregan a la justicia por orden de la Corte Suprema
En un giro significativo del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de dos congresistas recién reelectos: Wadith Manzur y Karen Manrique. Ambos parlamentarios se entregaron voluntariamente a las autoridades en las últimas horas para cumplir con la medida de aseguramiento dictada por el alto tribunal.
Los cargos: cohecho impropio y desvío de $92.000 millones
Los congresistas enfrentan cargos por el delito de cohecho impropio, acusados de haber recibido millonarios contratos de la UNGRD a cambio de favorecer al Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La investigación judicial señala que habrían votado a favor de empréstitos gubernamentales ante la banca internacional como parte de un esquema corrupto.
El expediente incluye pruebas sobre un presunto desvío de fondos que asciende a los $92.000 millones, escándalo que estalló en 2024 cuando se revelaron sobrecostos en la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. La Corte reveló la existencia de una red para asegurar votos en comisiones económicas, con el exministro del Interior Luis Fernando Velasco como presunto autor intelectual.
La red de corrupción y los involucrados
La investigación concluyó que Velasco y el santandereano Carlos Ramón González buscaron garantizar la aprobación de cupos legislativos a cambio de direccionar contratación estatal hacia municipios como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, utilizando recursos de la UNGRD. Para materializar el desvío, los parlamentarios sostuvieron reuniones con enlaces del Ministerio de Hacienda y la UNGRD, identificadas como María Alejandra Benavides y Carolina Joya.
Las pesquisas incluyeron una prueba grafológica en diciembre de 2024 para determinar si Karen Manrique escribió los nombres de congresistas beneficiados en una libreta entregada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Por estos mismos hechos, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y Velasco permanecen bajo prisión preventiva desde finales de 2025.
Perfiles de los congresistas capturados
Wadith Manzur, quien dio el salto de la Cámara al Senado, se consolidó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador con 134.914 sufragios. Su triunfo fue apalancado por alianzas con figuras regionales como el representante Ape Cuello en el Cesar y Juan Loreto Gómez en La Guajira.
Karen Manrique retuvo su escaño en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca con 5.640 votos, respaldada por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional y estructuras comunales de su departamento. Su curul queda ahora a disposición del Congreso tras su privación de la libertad.
Entrega voluntaria y defensa legal
Manzur se entregó en el búnker de la Fiscalía General en Bogotá, acompañado por su abogado Luis Carlos Torregrosa. A través de redes sociales, el congresista afirmó sentirse sereno y tener "la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley".
Manrique se entregó ante la Sijín en la estación de Policía de Tame, Arauca. Su abogado defensor rechazó los señalamientos sobre una presunta red de compra de votos y desestimó las acusaciones de exdirectivos de la UNGRD, advirtiendo que la congresista "no va a aceptar los cargos, no va a confesar" y buscará demostrar su inocencia durante el juicio.
Reacción del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro respondió a la decisión judicial, afirmando que "no hubo cupos parlamentarios a congresistas en mi gobierno". Sostuvo que prohibió otorgar este tipo de cupos desde su primer consejo de ministros y que, cuando se descubrió el escándalo de corrupción de Olmedo López, lo destituyó y ninguno de los proyectos presentados por congresistas a la UNGRD se ejecutó.
Petro contrastó esta situación con el gobierno de Andrés Pastrana, donde halló a más de cien congresistas con cupos que sumaban $250.000 millones en 2.000 contratos ejecutados. "Este es un gobierno que no se pone al servicio de los corruptos sino al servicio del pueblo", finalizó el mandatario.
