Captura inmediata de congresistas por corrupción en la UNGRD
En un fallo de gran trascendencia judicial, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la captura inmediata de los congresistas reelectos Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante de las Curules de Paz. La decisión, proferida este 11 de marzo de 2026, los vincula directamente con el complejo entramado de corrupción descubierto en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los llama a juicio formal por el delito de cohecho impropio.
Seis parlamentarios bajo la lupa de la justicia
Junto a Manzur y Manrique, el alto tribunal también ha llamado a juicio a otros cuatro parlamentarios: Liliana Esther Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Sin embargo, a diferencia de los dos primeros legisladores que enfrentan orden de captura, estos cuatro procesados continuarán vinculados al proceso sin medida restrictiva de la libertad por el momento, aunque las investigaciones avanzan con firmeza.
La investigación, liderada de manera exhaustiva por el magistrado Misael Rodríguez, apunta a que los procesados habrían utilizado estratégicamente sus asientos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) para favorecer intereses particulares del Gobierno Nacional. Según los documentos del expediente judicial, los congresistas habrían emitido conceptos favorables para la aprobación de créditos de la Nación a cambio de la adjudicación de proyectos millonarios de la UNGRD en municipios específicos como Cotorra en el departamento de Córdoba, Saravena en Arauca y El Carmen de Bolívar.
Beneficios millonarios y coordinación con exministros
Estos beneficios económicos, que según las estimaciones fiscales sumarían cerca de 92.000 millones de pesos colombianos, habrían sido gestionados bajo la presunta coordinación de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos exfuncionarios ya se encuentran privados de la libertad desde finales del año 2025, lo que demuestra la extensión y gravedad de esta red de corrupción que ha comprometido a altos funcionarios del Estado colombiano.
El caso representa uno de los escándalos de corrupción más significativos de los últimos años en Colombia, evidenciando cómo se habrían desviado recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres para beneficiar intereses particulares y políticos. La investigación continúa en desarrollo activo, con la posibilidad de que se revelen nuevas conexiones y responsables en este complejo entramado que ha afectado la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
