Corte Suprema ordena captura de congresistas reelectos por caso Ungrd
Capturan a congresistas reelectos por corrupción en Ungrd

Captura inmediata de congresistas reelectos por caso de corrupción en Ungrd

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura inmediata contra dos congresistas que fueron reelectos este domingo, quienes están señalados de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Los legisladores implicados son Wadith Manzur del Partido Conservador y Karen Manrique de las curules de paz.

Seis políticos llamados a juicio por cohecho impropio

El alto tribunal no solo ordenó su captura, sino que también los llamó a juicio por el delito de cohecho impropio. Según la investigación, habrían aprobado créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) del Congreso a cambio de proyectos asignados por la Ungrd. Además de Manzur y Manrique, la Corte Suprema incluyó en esta decisión a otros cuatro parlamentarios:

  • Liliana Esther Bitar (Partido Conservador)
  • Julián Peinado
  • Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
  • Juan Diego Muñoz Cabrera, excongresista de la Alianza Verde

La decisión judicial se tomó después de que la Sala de Instrucción revisara la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, quien solicitó el envío a prisión de estos políticos al considerar que existen indicios suficientes sobre su participación en la red de corrupción.

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Pruebas contundentes y vínculos con exministros

En su ponencia, el magistrado Rodríguez destacó que la Corte cuenta con documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a la posible responsabilidad de los seis políticos en este escándalo. Estas evidencias indicarían que los congresistas dieron su visto bueno a los créditos nacionales a cambio de cupos indicativos en proyectos de la Ungrd.

Los ofrecimientos habrían llegado a los legisladores por órdenes de los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda), quienes ya fueron imputados en este caso y se encuentran privados de su libertad desde diciembre del año pasado, esperando que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.

Proyectos millonarios y distribución territorial

La investigación ha logrado establecer que los proyectos ofrecidos por el Gobierno a cambio del apoyo en la CICP sumaban aproximadamente 92 mil millones de pesos, distribuidos en municipios como:

  1. Cotorra, en el departamento de Córdoba
  2. Saravena, en el departamento de Arauca
  3. El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar

Contexto del caso y otros implicados

De los seis investigados, Karen Manrique y Wadith Manzur fueron los únicos reelectos en las pasadas elecciones. Estos legisladores y los demás miembros de la CIPC vinculados al caso se suman a un grupo creciente de congresistas y funcionarios públicos que han sido enviados a la cárcel por este escándalo.

Los primeros en caer fueron los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. Posteriormente, la Fiscalía solicitó cárcel para la exalta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y para el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia. Los más recientes en ser enviados a prisión fueron los exministros Velasco y Bonilla.

En el caso específico de Name y Calle, la Corte solicitó su encarcelamiento por considerar que su libertad representaba un riesgo para la comunidad, argumentando que las demás medidas de aseguramiento resultaban insuficientes y que la prisión era necesaria y proporcional.

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Próximos pasos procesales y declaraciones de inocencia

Los casos de Manzur, Bitar, Peinado, Gallo, Manrique y el excongresista Muñoz ahora pasan a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. Se espera que el expediente sea repartido próximamente para designar al magistrado ponente que adelantará el juicio en contra de estos políticos. Todos los implicados han asegurado ser inocentes y ajenos al escándalo de corrupción, manteniendo su postura de no haber participado en los hechos que se les imputan.