Caso 'Marionetas 2.0': Corte Suprema condena a Ciro Ramírez por red de corrupción en contratación pública
La condena contra Ciro Ramírez no surgió de un episodio aislado ni de una simple irregularidad en la contratación. El caso denominado 'Marionetas 2.0' representa la prolongación de una extensa red de corrupción que, según la justicia colombiana, transformó convenios públicos y contratos de obra en una maquinaria para distribuir beneficios económicos y réditos políticos de manera ilícita.
El origen del esquema corrupto
El proceso contra Ramírez se derivó de una línea investigativa del expediente de 'Las Marionetas', la red de corrupción vinculada al exsenador Mario Castaño. Sin embargo, este capítulo adquirió una identidad propia alrededor del Convenio 670 de 2021, firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y Proyecta Quindío. Para la Corte Suprema, este convenio abrió la puerta para estructurar contratos derivados con el claro objetivo de favorecer a quienes habían apoyado la campaña política del entonces senador.
La reconstrucción del caso revela una secuencia metódica:
- Primero, se aseguraba el convenio interadministrativo, que servía como vehículo para comprometer recursos públicos.
- Luego, seguía la etapa de adjudicación, donde el gerente decidía de manera discrecional a quiénes enviaba invitaciones privadas para presentar ofertas.
- En varios de estos procesos, según la Fiscalía, dos de los tres invitados no entregaban todos los documentos requeridos o no subsanaban las observaciones, dejando así a un solo proponente habilitado para cumplir con los requisitos.
El mecanismo de direccionamiento contractual
Este fue precisamente el mecanismo que permitió hablar de direccionamiento contractual. La Fiscalía sostuvo que en el capítulo de Ramírez se movilizaron al menos 13 contratos a través del DPS y Proyecta Quindío, integrando este esquema en una empresa criminal derivada del expediente original de Las Marionetas. En la investigación aparecieron nombres clave como Katherine Rivera Bohórquez, Anderson González, Raúl Alfonso Cardozo y Pierre García Jacquier, señalados en distintas actuaciones como piezas fundamentales del engranaje alrededor del convenio y los contratos posteriores.
Testimonio clave y conclusiones judiciales
El testimonio de Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, fue crucial en esta reconstrucción. Sus declaraciones sirvieron como punto de partida para varias líneas del proceso y alimentaron la hipótesis sobre el funcionamiento de la red. En 2023, se revelaron apartes de ese testimonio en los que Herrera mencionó contratos interadministrativos por $22.173 millones y $49.460 millones, pagos irregulares entre el 10% y 15%, y reuniones destinadas a favorecer a contratistas específicos.
La Corte Suprema concluyó que se demostró que Ramírez lideró una organización criminal compuesta por funcionarios públicos, particulares y contratistas. A través de esta estructura, se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 y otros contratos derivados, con el fin de direccionar actos contractuales hacia determinados contratistas para obtener beneficios electorales, especialmente en contratos relacionados con la construcción, implementación y mejoramiento de vías.
Condena y posibles apelaciones
Con base en estas conclusiones, la Sala Especial de Primera Instancia condenó a Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Se le impuso una pena de 279 meses y 8 días de prisión, una inhabilidad de 280 meses y 20 días, y una multa de 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente $22.340 millones en la época de los hechos. La Corte también precisó que hubo absolución en algunos contratos concretos dentro del cargo de interés indebido. Al tratarse de una decisión de primera instancia, la defensa tiene la posibilidad de apelar ante la Sala de Casación Penal.
En resumen, 'Marionetas 2.0' fue descrito por la justicia como un esquema que no comenzaba en el pago ni terminaba en el contrato. Iniciaba en la viabilización institucional del convenio, continuaba con la selección cerrada de oferentes y culminaba en la adjudicación de obras a contratistas vinculados con la red. Esta es la estructura que la Corte Suprema dio por probada en el caso contra Ciro Ramírez, subrayando la persistencia de prácticas corruptas en la contratación pública colombiana.
