Fiscalía confirma condenas por desfalco millonario en alcaldía de Montecristo
La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes las condenas impuestas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena contra tres individuos responsables de desfalcar más de 3.000 millones de pesos de la alcaldía municipal de Montecristo, ubicada en el sur del departamento de Bolívar.
Detalles de las condenas ratificadas
El ente investigador precisó que la sentencia afecta directamente a:
- Atilano Ismael Villadiego Contreras, extesorero del municipio, quien recibió 15 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
- Iván Darío Bermúdez López, condenado a 9 años de cárcel.
- Carlos Alberto Yepes Macías, sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión.
Los dos últimos fueron hallados responsables de peculado por apropiación, actuando como intermediarios en la operación ilícita.
Origen de los fondos desviados
Los hechos corruptos se remontan al año 2015, cuando el Sistema General de Regalías giró la suma de 3.025 millones de pesos a la administración municipal. Estos recursos estaban destinados a financiar proyectos de infraestructura comunitaria, específicamente:
- La remodelación del polideportivo local.
- La construcción de andenes en el corregimiento de Puerto España.
- La electrificación del corregimiento de Regenta.
Mecanismos del desfalco
La investigación de la Fiscalía logró establecer que, entre octubre y diciembre de 2015, Villadiego Contreras transfirió 2.000 millones de pesos a cuentas de particulares que no mantenían ningún vínculo contractual con la alcaldía. Bermúdez López y Yepes Macías cumplieron un papel crucial como intermediarios, facilitando el retiro ilegal de estos fondos públicos.
Sanciones económicas y prohibiciones adicionales
Además de las penas privativas de la libertad, el tribunal impuso multas sustanciales a los condenados:
- Villadiego Contreras deberá pagar 2.056.032.544 pesos.
- Bermúdez López fue multado con 1.567.159.520 pesos.
- Yepes Macías tiene una obligación de 180.600.000 pesos.
Las tres personas también fueron inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones públicas o celebrar contratos con el Estado, una medida que busca prevenir futuros actos de corrupción.
Este caso representa un ejemplo contundente de la lucha contra la corrupción en las regiones de Colombia, destacando la importancia de la vigilancia en el manejo de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, destinados al desarrollo local.
