Una cascada de escándalos de corrupción sacude al gobierno de Gustavo Petro
El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una crisis de credibilidad sin precedentes debido a una serie de investigaciones por corrupción que involucran a altos funcionarios y allegados al mandatario. La situación se agrava con la reciente publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, que ubica a Colombia en el puesto 99 entre 182 países, revelando que el 37,8% de los colombianos considera la corrupción como el principal problema nacional.
Ricardo Roa: doble imputación por gastos electorales y tráfico de influencias
La Fiscalía imputó formalmente a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por dos graves delitos:
- Violación de los topes de gastos electorales durante la campaña presidencial
- Tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento
Estas acusaciones representan un golpe significativo al gobierno, ya que Roa fue una figura clave en la llegada de Petro a la presidencia y actualmente dirige la empresa petrolera más importante del país.
Juliana Guerrero: viceministra frustrada y presuntas irregularidades
En paralelo, la Fiscalía programó para el 27 de febrero la imputación contra Juliana Guerrero, quien estaba a punto de ser nombrada viceministra de Juventudes cuando estalló el escándalo sobre su título profesional. Las autoridades cuentan con pruebas contundentes para acusarla de:
- Fraude procesal
- Falsedad ideológica en documento público
Además, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal por $213 millones debido a cinco vuelos en aeronaves de la Policía Nacional sin justificación institucional durante su gestión como secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior. Según las investigaciones, Guerrero habría utilizado un avión y un helicóptero en junio de 2025 para desplazamientos personales y políticos entre Bogotá, Valledupar y Aguachica.
Pese a estas graves acusaciones, Juliana Guerrero continúa representando al presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar, lo que ha generado críticas sobre la tolerancia del gobierno frente a estos casos.
El megacaso de la UNGRD: la trama que sigue expandiéndose
El escándalo más grave que ha sacudido al gobierno Petro estalló a comienzos de 2024 y sigue revelando nuevas dimensiones. La Fiscalía describió esta trama como "una empresa ilegal dedicada a repartir contratos y coimas desde la UNGRD" con el objetivo de impulsar las reformas sociales del gobierno.
Las consecuencias han sido devastadoras:
- Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se encuentran privados de la libertad
- Los exfuncionarios y exintegrantes del M-19 Carlos Ramón González y César Manrique permanecen prófugos
- Los expresidentes del Senado y la Cámara, Andrés Calle e Iván Name, también están detenidos
- Cuatro de los diez congresistas salpicados (Martha Peralta, Wadith Manzur, Berenice Bedoya y Julio Elías Chagüi) se mueven en campañas para las elecciones legislativas de 2026
La sombra sobre Nicolás Petro y presuntos nexos con grupos armados
El hijo del presidente, Nicolás Petro, enfrenta un juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionado con la campaña presidencial de 2022. A finales de 2025, la Fiscalía le imputó nuevos delitos por un presunto "acuerdo corrupto" en contratos de la Gobernación del Atlántico, aunque un juez le permitió afrontar este proceso en libertad.
Además, se conocieron hallazgos sobre presuntos nexos entre alias Calarcá y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las comunicaciones incautadas sugerirían entrega de información sensible, acuerdos de "no agresión" e incluso planes para crear una empresa fachada con miembros del grupo armado.
Una crisis institucional que erosiona la confianza ciudadana
Esta acumulación de casos representa una crisis sin precedentes para el gobierno de Gustavo Petro, quien llegó al poder prometiendo combatir la corrupción como uno de sus pilares fundamentales. La simultaneidad de las investigaciones involucrando a figuras cercanas al presidente, altos funcionarios y familiares ha creado una percepción de impunidad que contrasta con el discurso anticorrupción del mandatario.
La situación se agrava cuando cuatro congresistas vinculados al escándalo de la UNGRD buscan reelegirse en 2026, lo que evidencia cómo estas prácticas parecen normalizarse dentro del sistema político. Colombia enfrenta así uno de sus momentos más críticos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, con un gobierno que debe responder ante la justicia y la ciudadanía sobre estos graves señalamientos.
